La Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para los departamentos de Bolívar y Sucre renovó sus pilares institucionales y logró que 1.050 familias víctimas de despojo y abandono forzado de tierras recuperarán sus propiedades.
Sincelejo, 29 de diciembre de 2022 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras cierra el año 2022 con una nueva administración y avances en la gestión favorables para los campesinos y comunidades étnicas que perdieron sus tierras en el marco del conflicto armado en los departamentos de Bolívar y Sucre.
Son 20.500 hectáreas las que fueron restituidas a 4.040 personas que integran 1.050 familias desarraigadas por las acciones de grupos armados ilegales. Con este resultado la Dirección Territorial Bolívar y Sucre superó la meta propuesta para esta anualidad. En cuanto a la presentación de solicitudes ante los Jueces y Magistrados la URT interpuso 203 demandas en representación de las víctimas y resolvió el 93% de las solicitudes presentadas para la Inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Entre los puntos destacados en la gestión la URT en 2022 está la inversión de $29.500 millones para la implementación de 987 proyectos productivos sostenibles en predios restituidos. La apuesta para el 2023 es adelantar el diseño y ejecución de iniciativas productivas estratégicas que permitan continuar restaurando la vida económica y el tejido social de las comunidades afectadas por el conflicto.
Para Mauricio Martínez Rivillas, quien asumió el cargo de director territorial en el mes de noviembre, la restitución de tierras será en el cuatrienio una de las políticas claves para fortalecer la Reforma Agraria Integral que se lidera desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el proceso de Paz Total. “La compra de nuevas tierras, la formalización de predios y su adjudicación serán los ejes de trabajo para llevar el bienestar a las familias y comunidades en los territorios”.
A nivel territorial la entidad avanza en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y afianza el diálogo con organizaciones sociales, campesinas, étnicas y populares con el fin de mejorar la intervención en las zonas en las que la URT adelanta su gestión.