El viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos; y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, entregaron las 1.298 hectáreas que componen el resguardo de Puerto Colombia, ubicado en las bocas del Orinoco, a los representantes de la Comunidad en cumplimiento de la primera sentencia étnica de restitución a favor de comunidades indígenas de la Orinoquia colombiana.
Puerto Carreño, 9 de diciembre de 2019 (@URestitucion). Desde tempranas horas, las 224 personas integrantes de la etnia integrada por los pueblos nómadas Amorúa, Sikuani y Sáliba, estuvieron pendientes de la llegada de sus invitados. La guardia indígena del Resguardo y el gobernador Marcos García fueron los encargados de recibirlos.
Desde Bogotá llegaron el viceministro de Desarrollo Rural, Javier Pérez Burgos; y el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, acompañados de colaboradores de la entidad; periodistas; la Fuerza Pública; autoridades de Vichada y Puerto Carreño; y representantes de diferentes entidades del Estado.
Su sitio de reunión fue la Escuela Bilingüe de Puerto Colombia. Allí, el Viceministro y el Director Castro les entregaron, a los integrantes de la comunidad, la sentencia que certifica su posesión sobre las 1.298 hectáreas de tierras que hacen parte de su territorio. La devolución fue establecida por el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la primera sentencia étnica de restitución de la Orinoquía colombiana.
“Esta entrega simbólica de 1.298 hectáreas que hacemos hoy a la comunidad indígena de Kanalitojo junto a la Unidad de Restitución de Tierras y su Director, Andrés Castro, es una muestra del compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque con las comunidades étnicas del país y es, sin duda, un ejemplo y un importante avance en la construcción de un campo con legalidad, emprendimiento y equidad”, aseguró el viceministro Pérez Burgos.
En el fallo fueron ordenados, entre otros beneficios, la revocatoria directa de las adjudicaciones de los predios Corozal, Villa Diamante, El Rosal, Curazao y Fortaleza; la entrega material del terreno; actualizar la georreferenciación sobre la
totalidad del área restituida, que será destinada para la constitución del resguardo Kanalitojo; y el acompañamiento de la Fuerza Pública, que además deberá garantizar la seguridad de la región.
“Las comunidades étnicas son parte fundamental de la restitución de tierras. Los indígenas de Kanalitojo debieron enfrentar todo tipo de hechos violentos como las amenazas a sus líderes; el reclutamiento forzado de jóvenes; robos; quema de cultivos y despojos. No obstante, siguieron trabajando para recuperar su territorio y lo lograron. Con el apoyo del Estado, permanecerán en su región recuperando sus tradiciones ancestrales y su manera de supervivencia”, afirmó el Director Castro.
Para homenajear a los visitantes, la comunidad realizó un ritual de armonización, a cargo del médico tradicional; el baile del Kachipichipi, una danza tradicional del pueblo Sikuani; y una muestra artesanal.
“Para nosotros, este fallo de restitución significa mucho. Algo que parecía invisible, hoy se hizo visible. Es un orgullo y un honor que nos restituyan estos territorios que habíamos perdido por culpa de personas ajenas”, indicó Alexander Achagua, miembro del cabildo de Kanalitojo.
La jornada finalizó en horas de la tarde. Para conmemorar la época de navidad y agradecerles a los habitantes del resguardo haberles abierto las puertas de su territorio a los invitados, la URT entregó algunos obsequios a los 98 niños de la comunidad. En el Gobierno del Presidente Iván Duque han sido presentadas 25 demandas a favor de comunidades étnicas, para reclamar 1’467.699 hectáreas de tierra y favorecer a 12.704 familias.
Dentro de este paquete se encuentran las tres demandas étnicas con mayor extensión en la historia de la restitución: la del Resguardo Arara, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú (506.900 hectáreas, para beneficiar a 369 familias – Vaupés y Guaviare); la de Llanos de Yarí - Yaguará II (146.500 hectáreas, para beneficiar a 84 familias – Caquetá, Meta y Guaviare); y la del territorio del Pueblo Barí (193.147 hectáreas, para beneficiar a 2.510 familias – Norte de Santander).
Fecha: viernes 6 de diciembre 2019Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas