Familia desplazada por la guerra entre las FARC y Autodefensas en Tauramena (Casanare) recupera su tierra
En medio de la cuarentena, el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, emitió la cuarta sentencia del departamento de Casanare, en el favor de campesinos víctimas de la violencia.
Tauramena, 28 de mayo de 2020 (@URestitucion). Después de 18 años y en medio del confinamiento decretado por la pandemia de COVID19, la familia Montañez* recibió la mejor de las noticias: gracias a las labores adelantadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), regresará a la finca “El Palmar” ubicada en la vereda San José del municipio de Tauramena (Casanare), la cual tuvieron que abandonar como consecuencia de enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares.
Esta familia casanareña compuesta por padre, madre y sus cinco hijos, adquirió el predio de 36 hectáreas el 2 de diciembre de 1996, a través de compraventa. “Allí éramos felices porque cultivábamos yuca, maíz, malanga, frijol y plátano, también teníamos un criadero de aves de corral y otro de cerdos; hasta que, en el año 2002, llegaron las Autodefensas Campesinas del Casanare e iniciaron una disputa territorial con el frente 56 de las FARC, por lo cual, constantemente escuchábamos ráfagas y vivíamos con la zozobra de que cualquier momento perderíamos nuestras vidas” señaló don Fernando Montañez*.
Los Montañez* fueron obligados a desplazarse hacia el municipio Chámeza (Casanare), luego que la guerrilla informara a todos los habitantes de la vereda que se retirarían de la zona y que dejarían sembradas minas antipersonal.
“Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, la familia Montañez* acudió a la Unidad de Restitución de Tierras para recibir la asesoría y acompañamiento judicial que permitió al juez de restitución devolverles su finca y con ella la ilusión de volver a cultivar la tierra,” señaló Wilson Leyton Roldán, director de la URT en Meta.
“La familia casanareña también tendrá derecho al alivio de pasivos por concepto de impuesto predial, tasas y otras contribuciones; y la inclusión en programas de generación de ingresos y acceso a la oferta institucional del Estado, que tienen como objetivo reparar integralmente a las víctimas” puntualizó Leyton.
*Nombres cambiados