El Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) deberá pagar a ocupante las mejoras que realizó para la producción de cultivos y pastos en predios que regresarán a sus legítimos dueños gracias a sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira. Los terrenos están ubicados en zona rural del municipio de Pensilvania y fueron abandonadas por causa de los hostigamientos y las amenazas que perpetraron integrantes de los frentes 9 y 47 de las Farc-EP.
Bogotá D.C., 31 de enero de 2017 (@URestitucion). La presencia de grupos armados al margen de la ley trastocó la vida de los habitantes del municipio de Pensilvania (Caldas). La producción de café se reemplazó por cultivos de coca y el paso de las Fuerzas Militares se bloqueó con la siembra de minas antipersona.
El líder de estas acciones delictivas fue Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, quien, a través de los frentes 9 y 47 de las Farc, se convirtió en la pesadilla para los habitantes de esta región y generó un desplazamiento que afectó a un centenar de familias. Así lo evidencian los hechos que fueron narrados por las víctimas ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, en donde se ordenó la restitución de los predios El Recreo y La Primavera ubicados en el corregimiento San Daniel en el municipio de Pensilvania.
“Yo me dirigía a una reunión en la Federación de Cafeteros cuando en el camino un integrante de la guerrilla de las Farc, al mando de alias Rojas, me indicó que si quería salir de la zona debería pedir permiso al grupo guerrillero. A partir de ese día, las amenazas contra mi vida y la de mi familia recrudecieron y me vi obligado a enviar a mi esposa e hijos a vivir a Manizales. Yo permanecí en la zona durante algún tiempo, pero me dieron un ultimátum y no pude regresar”, afirmó el beneficiario.
Los hechos narrados y corroborados por la justicia permitieron establecer cómo la presencia de las Farc trasformó la vida en la región. También se determinó que con la llegada de las autodefensas, la violencia se recrudeció: solo en 2002 se presentaron 175 asesinatos en el municipio de Pensilvania.
Con el fallo, la justicia no solo reconoce los derechos del reclamante sobre la tierra, también determina que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras pague, de acuerdo al avalúo del IGAC, las mejoras hechas en cultivos y producción de pastos que desarrolló el actual ocupante del predio.
También ordena al Banco Agrario gestionar recursos para vivienda e insta a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) liderar todas las acciones establecidas en la ley para entregar medidas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Por su parte, el Sena deberá inscribir al núcleo familiar en programas de capacitación técnica y proyectos especiales de empleabilidad. Finalmente, la sentencia deberá ser remitida al Centro de Memoria Histórica con el fin de dejar constancia sobre los antecedentes y hechos que generaron esta decisión.
Fecha: martes 31 de enero 2017
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
