La comunidad de La Trinidad (jurisdicción del municipio de Sitionuevo, Magdalena) tuvo que desplazarse forzosamente a varias poblaciones de la Costa Caribe por causa de la violencia paramilitar. La orden impartida por ‘Jorge 40’ de asesinar a los parceleros que se rehusaran a pagar cuotas establecidas por el grupo armado, contribuyó no solo con el éxodo de sus habitantes sino con el despojo de sus predios.
Barranquilla, 23 de octubre de 2015 (@URestitucion). A través de una sentencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta le devolverá tierras a Libardo Barros González*, desplazado de la vereda La Trinidad (jurisdicción del municipio de Sitionuevo, Magdalena) por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta familia se vio forzada a abandonar su predio y radicarse en Barranquilla en el 2002, luego de que paramilitares asesinaran a varios parceleros de la región por negarse a acceder a sus pretensiones económicas.
El otro aspecto relevante del fallo es el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa al actual ocupante del predio, quien nunca ejerció presión sobre la venta del mismo y pagó el valor fijado por Libardo. Por otra parte, la entidad precisó que el poseedor podrá obtener la formalización del predio, a través de una escritura debidamente diligenciada.
De acuerdo a los testimonios de los desplazados, la vereda La Trinidad vivió la época más crítica en materia de ataques a partir de 1997. Las amenazas, las extorsiones, las desapariciones forzadas y los homicidios, perpetrados por los grupos armados, desencadenaron el éxodo de las familias que habitaban en esta población.
“Es muy importante esta sentencia porque además de favorecer a una familia que ha sido afectada por el conflicto armado, también tuvo en cuenta el tema de los segundos ocupantes. En el fallo se pueden observar las medidas especiales adoptadas por el juez para no generar daños a las terceras personas que actualmente ocupan el predio solicitado en restitución”, aseguró Ella del Castillo, directora de la URT Atlántico.
Además, Del Castillo señaló que la masacre de cuatro campesinos en el 2001, terminó siendo el detonante que generó el éxodo de las personas que residían en la población. Así mismo, indicó que dado el creciente número de solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas, que evidencia la densidad histórica del despojo, se impulsó a la Unidad a concentrar sus esfuerzos en este lugar. De ahí que en septiembre de 2013, la entidad decidió catalogar esta zona como prioritaria.
*El nombre del solicitante fue cambiado.
Fecha: lunes 23 de noviembre 2015
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
