La Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia convocó a cerca de 150 campesinos beneficiarios y a las entidades del Estado que deben responder por que se acaten las órdenes proferidas en 62 del total de sentencias en esta región de Antioquia.
Apartadó, 17 de agosto de 2018 (@URestitucion). Durante tres días y de manera simultánea entre Medellín y Apartadó, los magistrados que vienen impartiendo justicia por los casos de despojo de tierras en Urabá examinaron el cumplimiento de 62 de las 75 sentencias proferidas por el Tribunal para los municipios de Turbo, Mutatá, Apartadó, Necoclí y Chigorodó.
La actividad fue desarrollada vía videoconferencia para enlazar la sala de audiencias del Tribunal Superior de Antioquia –en Medellín– y el auditorio del Centro Regional de Víctimas –en Apartadó–, a donde asistieron cerca 150 campesinos y representantes de entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, Unidad para las Víctimas, Superintendencia de Notariado y Registro, Procuraduría General de la República, Defensoría del Pueblo, Agencia Nacional de Infraestructura, alcaldías municipales, entre otras.
El primer día fueron analizados los casos de Apartadó y Mutatá; el segundo, los de Turbo; y el tercero, el turno fue para Necoclí y Chigorodó.
El director de la URT en Urabá, Elkin Rocha Noriega, destacó este ejercicio en el que los beneficiarios de las sentencias pudieron conocer lo que vienen ejecutando las diferentes entidades estatales y pudieron manifestar sus opiniones frente al cumplimiento de las diferentes órdenes dadas en las sentencias para garantizar el retorno sostenible y la recuperación de la productividad de sus parcelas.
“Pudimos verificar los avances significativos en proyectos productivos, la cobertura en salud y educación, y se pudo constatar que las entidades territoriales están más compenetradas con el proceso de restitución, que hay una fuerza pública atendiendo requerimientos en materia de seguridad y una rama judicial que hace seguimiento a las órdenes. Entendemos que el Estado le está dando respuesta a miles de campesinos y campesinas que no solamente tienen la tierra, sino que están generando ingresos y construyendo escenarios distintos por los que fueron victimizados”, sostuvo Rocha Noriega.
El director también destacó la inversión de 3850 millones de pesos que en la región que se vienen invirtiendo en proyectos productivos de ganadería, porcicultura y cultivos de plátano, maíz, cacao y maracuyá, así como en cultivos de pancoger y cría de aves para la seguridad alimentaria.
Gracias a la política pública de restitución de tierras, en la región del Urabá antioqueño y el Darién chocoano –incluyendo las sentencias sobre tres casos étnicos que benefician a comunidades emberá y tule– se han reconocido los derechos de campesinos e indígenas sobre 10.274 hectáreas. En total, se han proferido 134 sentencias, de las cuales 75 corresponden al Tribunal Superior de Antioquia y 59 a los juzgados de restitución de tierras. De las 75 del Tribunal, se le hizo seguimiento a 62. Esto ha posibilitado que cerca de 2500 personas estén en sus predios con plenas garantías jurídicas. Los municipios con mayor extensión restituida son Turbo, con 2.094 hectáreas; Necoclí, con 1.100 hectáreas y Mutatá, con 940 hectáreas.
A la Unidad de Restitución de Tierras, en el Urabá antioqueño, han llegado 6474 solicitudes, de las cuales la URT viene atendiendo 4780, es decir, el 73%. De esta cifra, ya fue finalizado el estudio en 2895 casos (60%); y se encontró con que 1659 sí corresponden a casos del conflicto armado; por lo tanto, ingresaron al Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente. En cambio, 1236 casos, por diferentes motivos, no ingresaron.
Rocha Noriega resaltó que en poder de los jueces se encuentran más de 160 hectáreas de tierra, pendientes de sentencias.
Fecha: viernes 17 de agosto 2018
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas