Al finalizar el 2016, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) deja un balance positivo en los procesos de restablecimiento de derechos a comunidades étnicas. Con atención a más de 32.000 familias indígenas y cerca de 30.000 afrodescendientes, así como 32 demandas –de las cuales 18 son indígenas y 14 de comunidades negras– presentadas ante la justicia sobre más de 400.000 hectáreas, avanza una de las políticas de Estado más ambiciosas en los procesos de reparación a las víctimas del conflicto.
Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2016 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras, a través de su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) y sus equipos étnicos en las direcciones territoriales, desde el 2011 ha realizado importantes gestiones para la restitución de derechos territoriales de los grupos étnicos vulnerados en el marco del conflicto armado.
Tras la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se otorgaron facultades extraordinarias a la Presidencia de la República con el fin de expedir decretos con fuerza de ley para regular la política pública diferencial de atención, reparación integral y restitución a comunidades pertenecientes a grupos étnicos que fueran víctimas del conflicto armado interno. Por esta razón, en 2011, fueron expedidos los decretos leyes 4633 y 4635.
Desde entonces, se han iniciado más de 180 procedimientos de protección y/o restitución de derechos territoriales étnicos, ya sea por solicitud de las comunidades o por oficio administrativo. Estos procedimientos han sido aplicados sobre más de cinco millones de hectáreas.
Desde una perspectiva demográfica, las gestiones de la Dirección de Asuntos Étnicos han atendido a más de 32.000 familias indígenas y 30.000 núcleos familiares afrodescendientes. Así mismo, se tiene que de los casos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas, la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado 32 demandas de restitución de derechos territoriales étnicos sobre más de 400.000 hectáreas (18 indígenas y 14 que beneficien a familias de comunidades negras).
Por otra parte, en los casos de gravedad o urgencia para las comunidades étnicas, o cuando se han visto amenazados o vulnerados sus derechos territoriales a causa del conflicto armado, se han solicitado a los jueces medidas cautelares para 12 comunidades indígenas y 11 para comunidades negras (23 en total), las cuales han preservado los derechos de cerca de 18.000 familias. La adopción de estas medidas preventivas se han aplicado sobre aproximadamente 800.000 hectáreas.
Cinco sentencias históricas
En este sentido, tras cinco años de vigencia de los decretos leyes étnicos, a diciembre de 2016, el balance de gestión de la Unidad de Restitución de Tierras indica que se han recuperado un total de 131.657,03 hectáreas (60.507,74 de comunidades indígenas y 71.149,29 de comunidades negras), en cinco sentencias de restitución de tierras proferidas por los jueces y magistrados especializados.
Dichas sentencias restituyeron los derechos territoriales indígenas del Resguardo del Río Andágueda (Emberá Katío) y Eyáquera Dogibi (Emberá Dobida) en Chocó; del Resguardo Wayuú de Nuevo Espinal en la Guajira; y el Resguardo Menkue-Misaya y La Pista, del pueblo Yukpa, en la Serranía del Perijá, departamento del Cesar. Así mismo, a las comunidades negras del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, en el departamento del Cauca.
Fecha: jueves 22 de diciembre 2016
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas