La sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordena restituir su predio a una mujer víctima del conflicto armado y compensar con dinero al segundo ocupante del caso en la zona rural del municipio de Valledupar, Cesar. En el marco del proceso el opositor acreditó su buena fe exenta de culpa a la hora de adquirir el predio en la época de la violencia.
Valledupar, 23 de marzo de 2017 (@URestitucion). Al llegar al predio conocido como La Popa, ubicado en el corregimiento de Aguas Blancas, al sur de Valledupar, doña María* expresó en medio de la entrega material de su predio que, a partir de este momento, sale de la oscuridad que la mantuvo alejada de su tierra natal por causa del conflicto armado.
“Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) por devolvernos los sueños de toda una familia que había perdido las esperanzas de vivir en el pueblo que nos vio nacer. Con este acto, en donde se reconoce nuestros derechos, le aportamos un granito de arena a la tan anhelada paz que tanto queremos los campesinos de bien”, señaló María.
Esta mujer, adulto mayor, fue cobijada con la Ley 1448 de 2011, luego que se profiriera una sentencia de restitución de tierras con oposición en el país. La sentencia devuelve 18 hectáreas a la víctima, quien finalmente pudo regresar a su predio tras permanecer 15 años como desplazada.
La beneficiaria, quien se desplazó por el temor generalizado en la zona después de los hechos de violencia perpetrados por paramilitares, hoy se ve favorecida por la justicia.
La sentencia precisa que, para el año 2002, entraron al escenario las Autodefensas. Con sus actuar delictivo agudizaron la situación de orden público y sumieron a la población en un terror generalizado, ocasionando el desplazamiento forzado de muchos habitantes del corregimiento de Aguas Blancas. Ante esto, para el mes de marzo del mismo año, la familia hoy restituida decide abandonar su predio en aras de salvaguardar sus vidas.
La entrega del predio se registró en cumplimiento a la orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Especializada en Restitución de Tierras, cuya diligencia judicial estuvo a cargo del juez primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Valledupar, Camilo Manrique.
La decisión del Alto Tribunal tiene en cuenta que el opositor pudo acreditar la buena fe exenta de culpa y su condición como segundo ocupante dentro del proceso de restitución. Asimismo, se ordenó compensar al opositor con la suma de 188.000.000 pesos, por lo que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, será el encargado de realizar el pago.
Fecha: jueves 23 de marzo 2017
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
