Durante la primera audiencia temática de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del Congreso de la República, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, indicó que el Gobierno del presidente Iván Duque ha demostrado su compromiso y voluntad con la reparación de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras.

Bogotá, 21 de agosto de 2020 (@URestitucion). Durante su intervención la entidad mostró los avances del proceso restitutivo durante los nueve años de vigencia de la Ley y ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con el cumplimiento de la paz con legalidad. Destacó que con la ampliación de la Ley de Víctimas que cursa en el Congreso y que la Corte Constitucional avaló por 10 años más, se espera devolver más de tres millones de hectáreas a los campesinos y comunidades étnicas que han sido víctimas de la violencia.

El Director General explicó que con la ampliación de la vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras – 1448 de 2011-, que finalizaba en 2021 se permitirá mejorar el trámite, recibir más solicitudes y que haya un conocimiento más amplio del proceso. También se tendrá la posibilidad de llegar a territorios donde las condiciones de seguridad no han permitido iniciar procesos antes, por ejemplo, Arauca, bajo Cauca, la cuenca del Pacífico, sur de Tolima y Guaviare, entre otros; donde de la mano con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET y la Fuerza Pública se trabaja de forma articulada para cumplirle a las víctimas.

“La restitución es un proceso técnico, que funciona bien, sin ataduras políticas, y en el que predomina un fuerte componente social y humano. No hay sesgos ni intereses”, expresó Castro, quien explicó que desde 2012 el presupuesto de la entidad para atender a las víctimas ha crecido de manera sostenible. “No hemos tenido recortes pero lo más significativo y lo que demuestra el compromiso y la voluntad del gobierno del Presidente Iván Duque para atender a las víctimas es el aumento de los recursos para el próximo año”.

El proyecto de Ley de Presupuesto para 2021, radicado en el Congreso mantiene el incremento que se ha venido garantizando a la política de víctimas y restitución de tierras, pasando de alrededor de $256 mil millones para la vigencia 2020 a cerca de $268 mil millones para el 2021. Es decir, se que se incrementará 4%.

A lo largo de la vigencia de la Ley se han recibido más de 125 mil solicitudes de restitución, el 84% se encuentran habilitadas. De estas, 8.134 solicitudes de inscripción han sido radicadas durante el actual Gobierno y se han inscrito 5.848 casos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).

Respecto a las no inscripciones, la Unidad, con el acompañamiento de la Procuraduría General está revisando más de 3.000 solicitudes que no fueron inscritas en el Registro. Así, la entidad garantiza la protección de los derechos de las víctimas de despojo y desplazamiento forzado.

Además, durante este Gobierno, se han presentado 3.794 demandas ante los jueces especializados para reclamar los predios y territorios de campesinos y comunidades étnicas; con estas demandas, 5.725 casos fueron llevados ante la justicia. A la vez, 1.416 sentencias de restitución de tierras fueron proferidas por los jueces y magistrados de restitución.

Finalmente, el Director destacó que para agilizar el proceso restitutivo, la Unidad de Restitución de Tierras esta semana logró la implementación, en todas sus direcciones territoriales, del modelo de Demanda Electrónica que permite presentar virtualmente las solicitudes de restitución ante la justicia. Es un modelo innovador en el país, y hasta la fecha se han solicitado un total de 62.362 hectáreas mediante 1.149 procesos que reúnen 1.796 solicitudes en varias zonas del país.