La Unidad de Restitución de Tierras busca restablecer los derechos étnico-territoriales de esta comunidad sobre un espacio ancestral de 2.168 hectáreas más 8.789 metros cuadrados.
Santa Marta, 5 de mayo de 2025 (@URestitucion). El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió una demanda, radicada por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en favor del Consejo Comunitario Rincón Guapo Loverán.
Este hecho constituye un hito en la restitución de tierras en Colombia, al ser la primera demanda étnico-territorial presentada para un pueblo afrodescendiente en el departamento del Magdalena. Por ende, es un paso fundamental para la garantía de los derechos colectivos de las comunidades negras en el Caribe colombiano.
El Consejo Comunitario Rincón Guapo Loverán está conformado por 150 familias; se ubica en el corregimiento de Tierra Nueva, municipio de Puebloviejo, y cuenta con un territorio ancestral de 2.168 hectáreas más 8.789 metros cuadrados. Este territorio, vinculado durante siglos a procesos de resistencia palenquera, es vital para la pervivencia física, cultural y espiritual de la comunidad, así como para el sostenimiento de sus tradiciones y seguridad alimentaria.
La zona alberga recursos hídricos esenciales como los caños Mico, La Doncella y Pájaro, además de tener una conexión directa con la Ciénaga Grande de Santa Marta. “El territorio es nuestro cuerpo: sin él, no existimos”, afirmó Sixta Álvarez, lideresa del consejo comunitario.
Gracias al trabajo de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, este proceso contó con acompañamiento constante, lo que ha permitió avanzar en varias etapas claves:
Caracterización de afectaciones territoriales (abril de 2023).
Medidas cautelares (desde octubre de 2023) para proteger a la comunidad.
Socialización y concertación de informes técnicos y jurídicos con los integrantes del consejo comunitario (diciembre de 2023 a febrero de 2024).
Vinculación de entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, debido a posibles traslapes territoriales.
Entre los desafíos del proceso se encuentran los traslapes catastrales con predios privados como ‘La Esperanza’ y ‘Los Pajaritos’, así como disputas históricas derivadas del conflicto armado, que provocaron despojo, desplazamiento forzado y pérdida del acceso a recursos naturales.
No obstante, la admisión de la demanda, bajo Auto Interlocutorio No. 470013121002-2025-00001-00, abre la puerta a beneficios concretos para la comunidad, entre ellos: la suspensión de trámites de adjudicación o explotación minera en la zona; la publicación de edictos en medios nacionales y regionales, para notificar a posibles opositores; así como la solicitud de informes técnicos a entidades como IGAC y CORPAMAG, para resolver dichos traslapes.
“Este caso prueba que la restitución étnica va más allá de la tierra: es reparar un proyecto de vida”, recalcó Alejandra Montaño, directora de Asuntos Étnicos de la URT. Con esta decisión, el Estado avanza en la protección de los derechos de los pueblos ancestrales, reconociendo el territorio como fuente de vida y dignidad.
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