La entidad consolida una nueva ruta de restablecimiento de derechos territoriales, la cual recoge miles de casos desde una perspectiva que considera el sujeto colectivo. Con este nuevo enfoque de trabajo, se da celeridad a esta política pública.

Bogotá, 28 de enero de 2026 (@URestitucion). “Jamás se había gestionado en la historia de la restitución de tierras tantas solicitudes con un mínimo de demandas. Estamos demostrando que, con una postura política, un enfoque y gestión diferente, el Estado puede atender y reparar de una manera idónea a las víctimas del conflicto armado”. 

Con estas palabras, el director social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), John Jairo Rincón, expuso el alcance y los resultados de la implementación de la ruta campesina, durante el conversatorio ‘Resultados de la alianza para la restitución de territorios a sujetos colectivos campesinos’.

En este espacio se presentaron los avances del proceso con organizaciones campesinas ubicadas en el Urabá antioqueño, Magdalena Medio y sur del Cauca, labor que ha sido financiada por la Embajada de Suecia, con el respaldo técnico del Fondo Sueco y Diakonia. 

Impulsar la implementación de la ruta colectiva campesina en el proceso de restitución de tierras es el resultado de la lucha histórica del campesinado colombiano, que por décadas ha buscado que se le reconozcan sus derechos sobre el territorio. 

Entre los problemas señalados están los derivados de la trasformación del uso de los suelos, lo que eliminó infraestructura de las comunidades rurales, impulsó el monocultivo, a la vez que promovió el control del territorio con fines políticos, militares y electorales a través de la violencia. Cambiaron los regímenes de uso comunal o uso privado de recursos naturales y, en varias regiones, se generó repoblamiento de los territorios. Esas dinámicas afectaron a indígenas, campesinos y afrocolombianos. 

Una labor transformadora

En el Gobierno de Gustavo Petro, se ha priorizado el proceso de restablecimiento de derechos territoriales a comunidades y colectivos, en este caso del campesinado. Para lograrlo, la entidad tuvo que transformar componentes normativos internos, procesos y procedimientos, así como una cultura institucional históricamente centrada en la restitución individual.   

Los resultados de esta labor se comenzaron a evidenciar en 2024, en las 17 direcciones territoriales de la entidad, al identificar preliminarmente 61 casos que podían ser manejados a través de la ruta colectiva campesina. Tras el análisis previo, se desestimaron 22 y se impulsaron 39 casos, los cuales vinculan 1.789 solicitudes de restitución de tierras. A partir de este trabajo, 13 casos están en demanda e involucran 577 solicitudes. 

Una apuesta estratégica

Para el 2026, la URT busca resolver 622 solicitudes de restitución de tierras a través de la ruta colectiva campesina. Por ello, el trabajo se enfocará en comunidades rurales ubicadas en zonas como: San Rafael y San Juan de Urabá, en Antioquia; el cerro Calambaima, en Miranda (Cauca); así como Pueblo Bello y San Diego, en Bolívar. 

La gestión de casos a través de la ruta colectiva campesina es una de las apuestas estratégicas que se han propuesto para el CONPES “Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia”. Esta política pública integral traza la hoja de ruta del Estado para superar las barreras institucionales, socioeconómicas y culturales que enfrentan las víctimas de abandono forzado y despojo tierras en el país. También se prevé su inclusión en el CONPES de Reforma Agraria, que se está formulando bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura.

Tres de los 39 casos gestionados por la URT fueron apoyados con recursos de la Embajada de Suecia y el Fondo Sueco, destacándose algunos resultados:  con la Organización Femenina Popular (OFP), se logró la presentación de la demanda colectiva; se inscribieron en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) dos solicitudes de restitución de predios que fueron despojados por paramilitares; y se recopiló información de 68 casos de mujeres para que avance su proceso como integrantes de la OFP. 

Con respecto a la Asociación Tierra y Paz, del Urabá antioqueño, el respaldo que dio la Embajada de Suecia y el Fondo Sueco dejó como resultado la reconstrucción de la relación con el Estado; el impulso a casos que estuvieron “engavetados” durante años; la identificación de 24 predios solicitados en restitución, los cuales suman 655 hectáreas; y 24 casos quedaron con decisión de fondo. De igual forma, se promovieron los derechos de los terceros ocupantes y se fortaleció administrativamente a la organización.  

Sobre el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), uno de los resultados más relevantes fue la recuperación de la confianza en la institucionalidad; se impulsó la reconstrucción del tejido social; se recuperaron momentos importantes de la memoria colectiva y se lideraron dos jornadas para la recepción de solicitudes, así como el diseño de un plan de trabajo para la gestión de los casos, el cual debe finalizar en abril de 2026.

Unidad de Restitución de Tierras

Cra. 13a #29-24. Edificio Allianz. Bogotá, D.C. Teléfono: (601) 427 9299. 

Correo electrónico: atencionalciudadano@urt.gov.co