Varios territorios fueron restituidos a estos pueblos para garantizar la reparación, la protección y la restitución de sus derechos como víctimas. Con el cumplimiento de estas sentencias, han sido beneficiadas 6.742 personas que integran más de 1.000 familias.
Bogotá, 13 de noviembre de 2024. En un proceso que abarca diversas regiones del país, el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha permitido que múltiples comunidades indígenas y afrodescendientes que sufrieron el despojo, desplazamiento y/o confinamiento de sus territorios, recuperen su relación con la tierra y puedan restaurar su tejido social y cultural.
Cada comunidad beneficiada cuenta con territorios colectivos que van desde cientos hasta miles de hectáreas, que les han sido reconocidos a través de sentencias de restitución, emitidas tras los cursos procesales y judiciales propios de los despachos judiciales civiles especializados, cuyas órdenes vinculan a la URT y a otras entidades estatales del orden nacional, departamental y local.
Así, las comunidades indígenas de Tugeka, Páez de Tóez y Cañón del Río Garrapatas, tal como los consejos comunitarios de Pueblo Nuevo, Identidad Cultural de Mandé y Río San Francisco, han recibido durante 2024 este respaldo de sus territorios colectivos y ancestrales. A continuación se detallan algunas características de cada comunidad.
Comunidad indígena Tugeka (Dibulla, La Guajira): pertenece al Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco Sierra Nevada de Santa Marta. Con una extensión de 1.390 hectáreas, esta comunidad de 501 personas ha recibido la protección judicial que asegura su derecho territorial. Las solicitudes de ampliación de su territorio ancestral datan de décadas atrás, reflejando un esfuerzo continuo por conservar sus espacios de vida cultural y tradicional.
Consejo Comunitario Río San Francisco (Guapi, Cauca): en un área de 26.807 hectáreas, esta comunidad, compuesta por 1.244 personas, ha visto restablecido su derecho sobre un territorio valioso que limita con otros consejos comunitarios y municipios del Cauca, asegurando un entorno que impulsa el desarrollo y la conservación ambiental.
Resguardo Indígena Páez de Tóez (Caloto, Cauca): este resguardo, con 596 hectáreas y 1.030 personas beneficiadas, representa a la comunidad ancestral Nasa y cuenta con un extenso reconocimiento estatal, que incluye la protección de su territorio en la lucha por el reconocimiento de derechos históricos y culturales.
Consejo Comunitario Pueblo Nuevo (Zaragoza, Antioquia): con 233 hectáreas restituidas y 324 personas beneficiadas, este consejo comunitario afrodescendiente defiende su territorio ancestral frente a amenazas de violencia y despojo. La restitución de tierras fortalece su identidad y resguarda el medio ambiente en la región.
Consejo Comunitario por la Identidad de Mandé (Urrao y Frontino, Antioquia): con un área de 12.394 hectáreas y conformada por 1.043 personas, esta comunidad afrodescendiente mantiene un vínculo ancestral con su territorio, que cuenta con reconocimiento estatal y protección judicial ante diversos conflictos.
Resguardo Indígena Cañón del Río Garrapatas (Bolívar, Valle del Cauca, y Sipí, Chocó): este resguardo, habitado por la etnia Embera Chamí en un área de 14.334 hectáreas y con una población de 2.600 personas, ha logrado la restitución de sus derechos territoriales sobre un espacio que abarca varias comunidades y se extiende entre dos departamentos, garantizando la conservación de su cultura y tradiciones milenarias.
Las entregas de todo lo anterior suman un total de 55.757 hectáreas y 3.551 metros cuadrados, beneficiando a 6.742 personas y 1.066 familias. Estos colectivos abarcan cinco departamentos: La Guajira, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.
La restitución de territorios colectivos a comunidades indígenas y afrodescendientes no solo representa un acto de reparación histórica, sino que fortalece su rol fundamental en la preservación del medio ambiente. Al devolverles sus tierras ancestrales, se les restituyen sus derechos, se potencia su cosmovisión y sus prácticas de manejo del territorio, que están profundamente orientadas hacia la sostenibilidad y la protección de la biodiversidad, tal como afirmó la coordinadora de Grupo Fondo de la URT, Angelith Núñez.
Por su parte, el mayor Giovani Yule, director general de la Unidad, dijo: “la restauración de estos espacios permite a las comunidades gestionar los recursos naturales bajo sus propios conocimientos y valores, en sintonía con la lucha global contra el cambio climático. Además, estas tierras restituidas son bases estratégicas para implementar proyectos productivos sostenibles, fortaleciendo el desarrollo económico de cada comunidad y promoviendo la autosuficiencia y el empoderamiento comunitario”.
“Este enfoque integrado de restitución de tierras también contribuye a un modelo de desarrollo sostenible en el país, en el que se fomenta una relación armónica entre las comunidades y la tierra. En última instancia, este proceso fortalece el compromiso del Estado colombiano con una justicia restaurativa que impulsa la paz, la sostenibilidad y la prosperidad compartida en el territorio nacional”, concluyó.
Unidad de Restitución de Tierras
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