La reparación integral del Estado a José Hernando González, en Choachí (Cundinamarca), evidencia cómo la URT no solo devuelve predios a sus legítimos dueños, sino que atiende a familias vulnerables reconocidas en este proceso.

Bogotá, 19 de mayo de 2026 (@URestitucion). La política de restitución de tierras continúa consolidándose como uno de los pilares de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En este proceso, la atención a los segundos ocupantes se ha convertido en un componente clave para garantizar justicia social.

“Los segundos ocupantes son personas que, sin haber participado en el despojo, habitan o derivan su sustento de predios en proceso de restitución y han sido reconocidos judicialmente bajo condiciones de vulnerabilidad socioeconómica; algunos también son víctimas del conflicto armado. En estos casos, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) actúa en cumplimiento de las órdenes de jueces y magistrados. En este Gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo: ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, logramos incluir un artículo a la Ley de Víctimas que garantiza la atención integral a estas familias, con proyectos productivos y vivienda”, indicó Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá.

Este enfoque diferencial se refleja en el caso del predio ‘La Castellana’, ubicado en la vereda El Cairo, en Villavicencio (Meta), escenario de un despojo atribuido al exjefe paramilitar José Miguel Arroyave Ruiz, quien a través de una sociedad, forzó a su propietario original, Olmedo Arias Doncel, a vender el terreno.

Tras un proceso judicial, se emitió sentencia de restitución que anuló todos los actos derivados del despojo y ordenó la devolución del predio a su legítimo dueño. La entrega se realizó después de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desalojara a quienes se encontraban en el lugar.

Entre ellos estaba José Hernando González, persona mayor que llegó al predio años después del despojo, sin relación con los hechos violentos. Su vínculo con la tierra surgió a partir de un acuerdo laboral que derivó en la entrega de una porción del terreno como forma de pago. González construyó allí su vivienda y desarrolló un proyecto de vida junto a su familia, compuesta por su hija, quien padece bipolaridad crónica y requiere acompañamiento permanente, y su nieto de 10 años, bajo su custodia. La familia dependía económicamente del predio, y su salida los dejó en una situación crítica.

Tras el análisis del caso, la justicia reconoció a González como segundo ocupante, al evidenciar su condición de vulnerabilidad y su ajenidad frente al despojo original. En consecuencia, recibió una medida de atención orientada a la estabilización socioeconómica.

“Como parte de esta reparación, se implementó un proyecto productivo avícola en el municipio de Choachí, en un terreno heredado por su familia. La iniciativa, con una inversión de $52 millones de pesos, incluyó la construcción de un galpón completamente dotado, así como la entrega de gallinas ponedoras y pollos de engorde, garantizando así ingresos sostenibles y seguridad alimentaria. Además, el acompañamiento de los profesionales de proyectos productivos de la territorial”, agregó Arévalo. 

Este caso exitoso de reparación refleja cómo la restitución de tierras no solo restablece derechos a las víctimas de despojo, sino que reconoce y atiende a quienes, desde la vulnerabilidad, resultan impactados por estos procesos. La intervención integral del Estado busca, en estos escenarios, equilibrar la justicia con la equidad social, asegurando que nadie quede atrás en este camino.

Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Bogotá

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