Tras décadas de sufrir desplazamiento y violencia, la ruta colectiva representa un camino de reparación efectiva para la población rural del departamento. Hoy, dos comunidades de Cajibío y Mercaderes —que reúnen a más de 100 familias— adelantan procesos de restitución sin precedentes en la región.
Popayán, 10 de noviembre del 2025 (@URestitucion). De acuerdo con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el Cauca, 4.359 hectáreas son solicitadas en restitución; departamento que por su identidad pluriétnica y multicultural, exige una mayor y mejor capacidad de respuesta institucional ante las necesidades de las comunidades rurales, particularmente afectadas por el conflicto. Por ello, mecanismos como el sujeto colectivo campesino, que se ven materializados a través de estos procesos, representan una vía idónea para lograr el restablecimiento de sus derechos vulnerados.
La Florida, comunidad en el municipio de Cajibío, ha sido fuertemente golpeada por la violencia, arrebatando las vidas y sueños de quienes hoy buscan sembrar esperanza. Este sujeto colectivo cuenta con solicitudes inscritas en etapa administrativa y se espera que, antes de cerrar esta vigencia, se radique la demanda ante el despacho de Restitución de Tierras de Popayán, siendo el primer caso colectivo radicado en el departamento y el segundo en el país.
Por otra parte, el sujeto colectivo de Mercaderes se encuentra en etapa inicial y se adelanta de la mano del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Fondo Sueco. Durante los últimos dos meses, la Dirección Territorial Cauca de la URT ha realizado varias jornadas para la recepción de solicitudes y la toma de pruebas sociales, que permiten identificar las afectaciones sufridas y construir el acervo probatorio que sustentará los actos administrativos de inclusión en el RTDAF. Esto servirá posteriormente de sustento para la demanda de restitución de tierras, la cual se espera radicar en el 2026.
Pese a los desafíos que implica avanzar en estas solicitudes, hoy las comunidades campesinas ven como se cumple la apuesta de este Gobierno: reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y avanzar en la reparación colectiva. Un objetivo en común que se articula entre la URT, las organizaciones campesinas, la comunidad y la judicatura.
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