Esta área misional de la URT concentra sus esfuerzos para la vigencia 2026 en el cumplimiento de las acciones ordenadas por jueces especializados en favor de pueblos indígenas y negros.
Bogotá, 23 de enero de 2026 (@URestitucion). Las decisiones judiciales proferidas en distintos territorios del país establecen mandatos claros para la restitución, protección y reparación integral de territorios ancestrales afectados por el conflicto armado, el despojo y el abandono forzado. En este contexto, la Dirección de Asuntos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) asume el reto de transformar las sentencias en acciones verificables.
En conjunto, el cumplimiento de estos fallos durante la vigencia 2026 permitirá la restitución de un total de 55.342 hectáreas más 7.048 metros cuadrados, beneficiando de manera directa a 1.166 familias pertenecientes a los resguardos indígenas de Juan Tama, Inga de Aponte, Tssenene, Palma Alta, Monaide Jitoma y Korodó Ité, así como a los consejos comunitarios de Piedras Bachichí y Bellavista Dubaza, cuyos territorios fueron afectados por el desplazamiento forzado y la violencia asociada al conflicto armado.
Estas comunidades se ubican en los departamentos de Cauca, Nariño, Tolima, Chocó, Risaralda, Antioquia y Putumayo, donde el cumplimiento de las órdenes judiciales permitirá restablecer condiciones de estabilidad territorial, fortalecer el gobierno propio y avanzar en la reconstrucción de los proyectos de vida colectivos.
El enfoque institucional para el primer semestre del año está orientado a cumplir de manera oportuna y articulada dichas órdenes judiciales, mediante la activación de rutas de seguimiento y la implementación de medidas de protección reforzada. Las sentencias contemplan, entre otros aspectos, la prevención de nuevas afectaciones, el fortalecimiento del gobierno propio y el impulso a condiciones que permitan la permanencia y la pervivencia cultural de los pueblos étnicos.
De manera permanente, continúan llegando nuevas decisiones judiciales en favor de comunidades étnicas, lo que ratifica la responsabilidad institucional de la URT para convertir estos fallos en acciones concretas. Para la DAE, el cumplimiento de las órdenes judiciales constituye un componente esencial de la política de restitución, en tanto restablece los proyectos de vida colectivos y el tejido social.
Por ello, la Unidad hará seguimiento permanente a la ejecución de los fallos judiciales, priorizando el diálogo con las autoridades tradicionales y la articulación con otras entidades. Porque cuando el Estado realiza lo ordenado por los jueces y responde con hechos a la gente, se hace justicia. ¡Con dignidad, cumplimos!
Unidad de Restitución de Tierras
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