Más de 500 solicitudes de restitución de tierras, en las que los titulares son mujeres cabeza de familia víctimas del conflicto, han sido incluidas para llevar a cabo las respectivas reclamaciones ante los jueces de tierras.
Ibagué, 12 de marzo de 2018 (@URestitucion). Con la implementación de la Ley 1448 de 2011, el Gobierno asumió el compromiso histórico de reparar, restituir y atender de manera integral a todas las víctimas del conflicto armado. El impacto de la política de restitución de tierras sobre las mujeres afectadas por la violencia brinda las garantías para que cientos de ellas encuentren, en este proceso, la oportunidad de transformar experiencias con el fin de fortalecer su nuevo proyecto de vida.
Magdalena fue desplazada por la violencia hace 10 años, tras el asesinato de su esposo a manos de las Farc. “No hay palabras para describir el dolor y el trauma que causó ese hecho para mí como mujer y para mi familia. Tuvimos que salir con mis tres hijos desplazados hacia Ibagué en busca de una oportunidad para tratar de sobrellevar nuestra situación que, en ese momento, era desesperanzadora”, afirmó.
“Casos como el de Magdalena son una prioridad para la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que da fin a la inequidad del pasado y permite, bajo los parámetros de una adecuada y oportuna atención, proteger y reparar esos derechos que, debido al conflicto, fueron vulnerados afectando no solo la vida de la solicitante, sino también la de su núcleo familiar”, aseguró Luis Alfonso Ruiz Alegría, director de la Unidad de Restitución de Tierras en Tolima y Huila.
Dentro de las medidas reparadoras que recibe Magdalena fue contemplada la compensación, con el fin de no revictimizar a la solicitante ni a su grupo familiar.
Magdalena y su familia tienen una nueva oportunidad de vida en un nuevo predio y con una inversión en proyectos productivos, hasta por 27 millones de pesos. Como esta historia, en Tolima existen más de 500 solicitudes de mujeres que ya han cursado la etapa administrativa del proceso.
De estas, 106 ya han sido falladas por los jueces de restitución de tierras y, en conjunto, ha sido realizada una inversión superior a 1200 millones de pesos.

