• Más de $3.763 millones fueron entregados a 23 familias beneficiarias de restitución de tierras en Córdoba y el Bajo Cauca, para fortalecer proyectos productivos y avanzar en la construcción de vivienda rural.

Montería, 11 de junio de 2026 (@URestitucion). Las lágrimas, los abrazos y los testimonios cargados de esperanza marcaron la conmemoración de los 15 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en Montería. Más de 100 beneficiarios de restitución se reunieron en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para celebrar una política que les ha permitido regresar a sus territorios, reconstruir sus proyectos de vida y recuperar la confianza en el Estado.

Durante la jornada, la Unidad de Restitución de Tierras entregó resoluciones que dan cumplimiento a fallos judiciales relacionados con la implementación de proyectos productivos y la asignación de subsidios de vivienda bajo el nuevo modelo de autogestión. En total, fueron destinados $3.763 millones de pesos para beneficiar a 23 familias de los municipios de Planeta Rica, Montería, San Carlos, Pueblo Nuevo y Valencia, en Córdoba, así como Nechí (Antioquia).

Cada resolución entregada representó mucho más que un documento. Para las familias presentes simbolizó años de lucha, resistencia y la posibilidad de construir un futuro digno en las tierras de las que un día fueron expulsadas por la violencia. Al unísono, las víctimas expresaron la importancia de preservar y fortalecer la política de restitución de tierras, al considerarla una de las pocas respuestas efectivas a sus reclamos históricos de verdad, justicia y reparación.

"La restitución de tierras le devuelve la esperanza al campo. Hemos sido víctimas desplazadas, despojadas, desaparecieron a nuestros familiares y se hace necesario que esta ley continúe para que tengamos paz y reparación", manifestó Jairo Méndez Arrieta, beneficiario de sentencia.

Con emoción, los asistentes destacaron lo que significa volver a sembrar en sus parcelas, impulsar emprendimientos rurales y, ahora, contar con recursos para construir sus viviendas. Para muchos, la restitución no solo les devolvió la tierra, sino la posibilidad de soñar nuevamente.

Un balance exitoso

Durante el encuentro se resaltaron los avances alcanzados en los últimos años para poner a las víctimas en el centro de la política pública y agilizar los procesos de reparación establecidos en la Ley 1448 de 2011.

La subdirectora general de la URT, Aura Bolívar, destacó que la entidad logró revertir una tendencia histórica de negación de derechos, pasando de un 65 % de decisiones negativas a un 79 % de aprobaciones e inscripciones en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

"La paz solo se construye si orientamos nuestros esfuerzos a generar equidad, justicia y reparación integral. No existirá democracia sin verdad", afirmó.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, enfatizó en que los resultados de la política de restitución trascienden la recuperación de predios: "la restitución de tierras transforma vidas y contribuye al cierre de las brechas de pobreza en el campo colombiano. Estos recursos permiten que las familias fortalezcan sus capacidades productivas y construyan condiciones para una vida digna en sus territorios"-

Diana Galindo, directora de Bienes Públicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó el alcance del modelo de autogestión de vivienda para beneficiarios reconocidos en sentencias de restitución, una estrategia que permitirá a las familias campesinas impulsar la construcción de sus hogares mientras reciben acompañamiento técnico y financiero del Estado.

"El propósito es lograr que, a través de este proceso, los beneficiarios de restitución materialicen la construcción de sus viviendas y fortalezcan su arraigo en el territorio", indicó.

A su vez, Jaqueline Capos, secretaria general de la URT, resaltó la confianza que ha recuperado la política en los territorios gracias al fortalecimiento de la participación de poblaciones vulnerables: "promovimos la defensa de los derechos de las mujeres y de las comunidades históricamente excluidas, impulsando acciones que permiten reconocer y fortalecer las realidades de los territorios".

Finalmente, la directora jurídica de la entidad, Paula Villa, destacó que los cambios implementados han permitido ampliar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de comunidades que durante años vieron rechazadas sus solicitudes.

"Hemos logrado transformaciones que se reflejan en el aumento de demandas presentadas, en el reconocimiento de comunidades que antes encontraban cerradas las puertas institucionales y en la consolidación de una política que hoy responde de manera más efectiva a las víctimas. Así estamos contribuyendo a transformar el país", concluyó.

Quince años después de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las historias escuchadas en Montería confirmaron que la reparación no se mide únicamente en hectáreas restituidas o recursos entregados. Se refleja en la posibilidad de volver a casa, recuperar la esperanza y construir un futuro donde la tierra sea sinónimo de paz, dignidad y oportunidades.

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