En 1998, las Farc se tomaron este municipio: 43 personas murieron y 61 fueron secuestradas, entre ellos José Crisanto. Su esposa resultó herida en su casa. 27 años después, ambos reciben su predio gracias al primer fallo judicial de este tipo en Vaupés. 

Mitú, 13 de mayo de 2025 (@URestitucion). “El domingo 1 de noviembre de 1998, alrededor de la cinco de la mañana, más de 1.000 guerrilleros se instalaron en Mitú para tomarse el pueblo. A esa hora ya se escuchaban tiros y ráfagas de metralleta. Esto se mantuvo por más de 72 horas, en las que la población civil y alrededor de 70 miembros de la Fuerza Pública resistimos. La toma dejó un saldo de 43 personas muertas y 61 miembros de la Policía secuestrados, entre ellos yo”, recordó José Crisanto.

Él, junto a su esposa Rosa y sus dos hijas, son hoy los beneficiarios de una sentencia en la que el juez especializado los reconoce como titulares del derecho fundamental a la restitución jurídica y material del predio urbano ubicado en Las Palmeras, en Mitú (Vaupés). 

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), junto al juez, desarrollaron esta histórica entrega. En ella participaron funcionarios del gobierno local, así como representantes de varias entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), con competencia en las órdenes derivadas del fallo. 

“Esta sentencia es la primera para el Vaupés: es un logro jurídico y un paso importante hacia la reparación histórica y la justicia para las comunidades del departamento, fuertemente golpeadas por hechos como la toma de Mitú, que este año cumple 27 años y fue el escenario de asesinatos, secuestros y de violación de los derechos humanos de la población. Muchos habitantes tuvieron que abandonar su tierra y enterrar a sus familiares”, señaló Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá, quien ha gestionado este proceso.

Una historia de dolor

Rosa y José siempre tuvieron una relación marcada por el miedo y la persecución, dados los prejuicios existentes en la zona frente a su unión, así como el poder de la guerrilla. “Las cosas no fueron fáciles para nosotros, porque yo soy miembro de la comunidad indígena Kubeo. Inicialmente me rechazaron por mi condición y por convivir con un policía, tras las advertencias que las Farc les habían hecho a mi comunidad. Por eso, me convertí en objetivo militar de ese grupo armado, junto con mi marido y mi bebé”, recordó la señora Rosa.

Aquel 1 de noviembre de 1998, mientras su esposo intentaba defender a la población y fue secuestrado, Rosa resultó herida por el impacto de una granada en el patio de su casa. “Duré un día en la clínica y cuando salí busque mi hogar, pero estaba destruido y saqueado”, relató. 

“Pase tres días así, pero los vecinos comenzaron a gritar que estaban buscando a las familias de los policías. Llegó el Ejercito para sacarnos y protegernos, y nos llevó a Bogotá. Mi esposo estuvo secuestrado por dos años y medio. Desde el momento en que salí desplazada, no había vuelto a mi predio, hasta hoy”, dijo.

La esperanza retorna a su hogar

Hoy, los esposos regresaron a Mitú para recibir materialmente el predio que les fue restituido. Un momento de sentimientos encontrados invadió la atmosfera, ya que lloraron entre tantos recuerdos. Rosa, emocionada, agradeció al juez y a la Unidad de Restitución de Tierras por brindarles la posibilidad de regresar a su hogar. “Llevo 27 años sin venir aquí. En este predio nació todo, fue lo primero que como familia construimos. Aquí están las raíces de nuestro amor y de nuestra vida. Ahora deseamos que nuestras hijas puedan disfrutarlo”, manifestó.

La Dirección Territorial Bogotá de la URT, con jurisdicción en el departamento de Vaupés y bajo el liderazgo de Martha Liliana Arévalo, acompañó la entrega material del bien, junto a algunas entidades el SNARIV que tienen órdenes en la sentencia. Una de estas disposiciones va dirigida al Grupo Fondo de Restitución de Tierras y Territorios, y le indica que debe solicitar a la Alcaldía de Mitú, así como a las empresas de servicios públicos del municipio y entidades del sector financiero, la aplicación de los alivios necesarios.

Finalmente, la justicia especializada ordena a la URT, a través de su Dirección Social, actualizar el instrumento de sujetos de especial protección (SEP) de los solicitantes y, conforme al resultado y acercamiento con los restituidos, precisar qué medidas con carácter transformador y perspectiva de género, eventualmente, podrían adoptarse en su favor.

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