La decisión, lograda gracias a la gestión y acompañamiento integral de la URT Valle del Cauca – Eje Cafetero, reconoce a la comunidad como víctima del conflicto, al haber sufrido desde 1997 flagelos como confinamiento y reclutamiento forzado de menores.
Pereira, 19 de noviembre de 2025 (@URestitucion). El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira emitió la Sentencia 038, en la que ordena la restitución del predio colectivo “La Granja” al Consejo Comunitario Piedras Bachichí, ubicado en Pueblo Rico (Risaralda).
Esta decisión reconoce al consejo como víctima colectiva del conflicto armado y destaca el trabajo técnico y jurídico adelantado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Durante el proceso, la entidad documentó afectaciones ocurridas entre 1997 y 2020, derivadas de la presencia de grupos armados ilegales como Farc, Eln, Epl y Auc. Estos ejercieron control territorial, reclutaron menores, restringieron la movilidad de la población y utilizaron el predio “La Granja” como corredor estratégico, por lo que generaron impactos profundos en la vida social, cultural y productiva de esta comunidad ancestral.
La sentencia ratifica la titulación colectiva otorgada al consejo en 2007, y resuelve las inconsistencias cartográficas identificadas entre entidades del Estado, reafirmando la integridad jurídica de su territorio. Asimismo, contempla medidas para el restablecimiento de derechos, entre ellas: restitución material del predio; implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, con enfoque étnico y de género; fortalecimiento del gobierno propio y de las estructuras organizativas; recuperación cultural, ambiental y productiva del territorio; garantías de no repetición y seguimiento institucional permanente.
Entre las instituciones más relevantes mencionadas en el fallo se encuentran la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad para las Víctimas, los ministerios del Interior y de Educación. Todas ellas deben realizar acciones para garantizar la reparación integral de la comunidad. De igual manera, se insta a la Alcaldía de Pueblo Rico y la Gobernación de Risaralda para que realicen inversión en vías, educación, salud y seguridad alimentaria para la comunidad.
Todas estas entidades deberán integrar un plan de trabajo interinstitucional que permita restablecer el tejido comunitario, fortalecer el gobierno propio y garantizar la protección plena del territorio colectivo.
Jorge Arturo Vásquez, director territorial de la URT en Valle del Cauca y Eje Cafetero, destacó que la sentencia constituye “un paso decisivo en la protección de los territorios colectivos de las comunidades negras de Risaralda”.
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