La Unidad de Restitución de Tierras (URT) busca proteger y restablecer los derechos de 151 personas que integran las 47 familias de esta comunidad afrodescendiente entre los municipios de Repelón y Luruaco.

Bogotá, 14 de mayo de 2026 (@URestitucion). La decisión, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, cobija un territorio ancestral de aproximadamente 33 hectáreas, resultado de los trabajos de caracterización, cartografía social y georreferenciación adelantados por la URT durante la etapa administrativa.

En el auto de admisión, el despacho judicial destacó que la solicitud cumple los requisitos establecidos en el Decreto Ley 4635 de 2011, normativa que protege los derechos de las comunidades negras víctimas del conflicto. En ese sentido, la jueza Estrella María Rodríguez señaló: “se encuentra acreditada la representación legal del consejo comunitario demandante, quien ostenta legitimación en la causa”. 

Asimismo, reconoció la validez del proceso adelantado por la URT y precisó que “obra en el expediente constancia de inclusión del territorio reclamado en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – RTDAF”, habilitando así el ejercicio de la acción especial de restitución territorial colectiva. 

La providencia también ordena medidas de protección jurídica sobre el territorio reclamado, entre ellas la inscripción de la admisión de la solicitud en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes y la suspensión provisional de trámites judiciales, administrativos y notariales que puedan afectar los predios involucrados mientras avanza el proceso. 

En el análisis técnico, el despacho evidenció posibles superposiciones con proyectos de hidrocarburos, por lo cual vinculó a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Promigas, Cormagdalena y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el propósito de garantizar una evaluación integral del territorio y proteger los derechos de la comunidad. 

La jueza enfatizó que estas actuaciones buscan “esclarecer las condiciones jurídicas y materiales del territorio reclamado, en garantía del debido proceso, del derecho de defensa de eventuales terceros y de la adopción de decisiones con fundamento técnico suficiente”. 

Con esta admisión, la URT y su Dirección de Asuntos Étnicos continúan fortaleciendo las acciones encaminadas a garantizar la permanencia, la vida colectiva y la protección territorial de las comunidades étnicas, reconociendo que el territorio constituye memoria, identidad cultural y posibilidad de futuro.

Unidad de Restitución de Tierras

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