Estas familias buscan el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras que les pertenecen por tradición y que fueron usurpadas. Además, esperan que el Estado les brinde las herramientas y el apoyo necesario para superar las consecuencias del conflicto, y así recuperar su tejido social y cultural.

Ibagué, 28 de noviembre de 2024 (@URestitucion). En un importante avance para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el Tolima, el Juzgado Tercero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué admitió la demanda presentada por la Parcialidad Indígena Casa de Zinc, perteneciente al pueblo Pijao. Esta comunidad, ubicada en el municipio de Ataco, busca recuperar los derechos territoriales que le fueron arrebatados por grupos armados ilegales durante el conflicto armado.

La demanda busca beneficiar a 50 familias, conformadas por 242 personas, que sufrieron flagelos como desplazamiento forzado, despojo de tierras, confinamiento y otros hechos victimizantes. Con esta acción judicial, se espera que la comunidad pueda ser constituida como resguardo indígena, una aspiración que ha perseguido desde hace décadas.

El líder ancestral de Casa de Zinc expresó su satisfacción: “esta demanda representa una esperanza para nuestra comunidad. Queremos recuperar nuestras tierras y poder vivir en paz y armonía con la naturaleza, tal como lo han hecho nuestros ancestros”.

Por su parte, Héctor Canal, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Tolima, destacó la importancia de esta acción judicial: “este es un paso fundamental para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado y para avanzar en la construcción de una paz duradera en el país”.

Con obtener una resolución judicial favorable a su demanda de restitución de tierras, la comunidad indígena Casa de Zinc espera recuperar los territorios ancestrales que le fueron arrebatados durante el conflicto armado. Con este proceso, sus integrantes buscan también obtener una reparación integral por los daños y perjuicios sufridos. Esto implica la devolución de sus propiedades, pero en especial medidas de satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición para que puedan reconstruir sus vidas en sus territorios ancestrales.

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