Esta decisión busca reparar a 112 familias víctimas del conflicto armado, que sufrieron homicidios, desplazamientos y otros flagelos que afectaron su cultura y territorio.
Ibagué, 4 de marzo de 2025 (@URestitucion). El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué admitió una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena San Antonio de Calarma, perteneciente al pueblo Pijao y ubicado en el municipio de San Antonio, Tolima.
La demanda, presentada por la Dirección Territorial Tolima de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), busca la protección de 287 hectáreas y 2.089 metros cuadrados, así como la ampliación del territorio del resguardo. Esta medida beneficiará a 112 familias, compuestas por 602 personas, que han sufrido múltiples violaciones de sus derechos en el marco del conflicto armado.
Entre estas violaciones se encuentran homicidios, desplazamientos forzados, abandono de tierras y confinamiento, lo que ha generado daños y afectaciones colectivas a su identidad, territorio, autonomía, organización política, usos y costumbres, tal como al medio ambiente.
La admisión de la demanda por parte del juzgado implica el reconocimiento de la legitimidad de las reclamaciones de la comunidad ancestral y la necesidad de iniciar un proceso de reparación integral. Este requerirá la participación de diversas entidades públicas y privadas, que deberán trabajar articuladamente para garantizar la restitución de los derechos territoriales.
Durante décadas, el Resguardo Indígena San Antonio de Calarma ha sido víctima del conflicto armado, pero no claudicó en su lucha por recuperar su territorio ancestral. Las violaciones de sus derechos han tenido un impacto profundo en su vida colectiva, afectando sus costumbres e identidad cultural. Hoy, se abre una oportunidad para que esta comunidad recupere su hogar y reconstruya su tejido social.
Esta decisión es un paso importante en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha ley busca garantizar los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado y promover la construcción de una paz duradera en Colombia. La admisión de la demanda en favor del resguardo es un ejemplo de cómo esta ley puede contribuir a la reparación de las comunidades indígenas y a la salvaguarda de sus derechos territoriales.
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