Con más de 600 hectáreas restituidas, 800 personas beneficiadas y cerca de 130 sentencias, es el municipio con mayor número de fallos, que demuestran que la URT Bogotá le cumple con dignidad a las víctimas. 

La Palma, 11 de diciembre de 2025 (@URestitucion). A la vereda Hoya de Tudela, en el municipio de La Palma, llegó la Dirección Territorial Bogotá de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de sus equipos Jurídico y Catastral, y en compañía de Gina Maritza Melo, Juez Promiscua Municipal, para hacer entrega material de cinco predios, que suman 11 hectáreas, a la familia Montero Amaya.

Los predios ‘El Porvenir’, ‘La Patricia’, ‘El Recreo’, una fracción de ‘Las Delicias’ y una fracción de ‘La Huerta’, se destinaban a actividades agropecuarias, específicamente a la siembra de café, maíz, caña, yuca y plátano. A través de esta explotación, la familia obtenía los recursos para abastecer las necesidades básicas de todos sus miembros. Los ingresos por la venta de las cosechas aportaban para su manutención y alimentación, por lo que el desplazamiento afectó de manera importante y directa su economía familiar.

El abandono forzado de la familia se dio en 2002, con ocasión de la violencia generalizada que se vivió en la zona rural del municipio de La Palma, donde la presencia de grupos armados ilegales y los enfrentamientos entre estos generaron el desplazamiento masivo de los pobladores. 

En el caso de los Montero Amaya, los paramilitares llegaron a la vereda y amenazaron la población, instigándolos a dejar la zona, con el argumento de que se presentarían fuertes combates y que, si querían volver, tendrían que ir al municipio de Yacopí a pedirle permiso a alias “el Águila”.

Además, a eso sobrevino la desaparición forzada de uno de los miembros de la familia, ocurrida en septiembre de 2002, sin que hasta la fecha y a pesar de las denuncias presentadas haya resultado alguno de la investigación.

La reparación integral se hace realidad

No obstante, décadas después y tras lograr una sentencia de restitución gracias al acompañamiento y gestión judicial de la URT, la familia Montero Amaya recuperó lo que le fue arrebatado por la violencia. 

El equipo de la URT Bogotá acompañó la diligencia judicial y además les indicó a los solicitantes que tienen derecho a otros beneficios de la sentencia como un proyecto productivo —que será acompañado por la Unidad durante dos años—, subsidio de vivienda, alivio, condonación y/o exoneración de pasivos frente al impuesto predial unificado generado durante la época del desplazamiento.

Martha Liliana Arévalo, directora territorial de la URT Bogotá, recalcó: “la política de restitución en la provincia de Rionegro avanza. En La Palma se cuenta con 130 sentencias y cerca de 200 demandas. En este municipio se concentra el 700% de las sentencias competencia de la jurisdicción Cundinamarca de la territorial Bogotá”.

“En la URT Bogotá seguimos comprometidos con la presencialidad en los territorios para avanzar con la restitución de tierras, respondiendo a las necesidades específicas. El cumplimiento de las disposiciones establecidas en los fallos representa una parte fundamental de la transformación de Colombia. Los fallos deben cumplirse con celeridad. Vemos sustanciales avances, pero es clave que las instituciones respondan con oportunidad al cumplimiento de las órdenes, para así lograr la reparación integral a las víctimas”, añadió.

Esta entrega material coincide con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos; la política de restitución de tierras está intrínsicamente ligada a la protección de los derechos humanos de las víctimas. No solo busca devolver el bien mueble, sino mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias víctimas, para asegurar una vida digna. ¡Estamos cumpliendo!

Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Bogotá

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