Bogotá, 17 de enero de 2025 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT) no puede reducir esfuerzos ni aplazar tiempos a la hora de cumplir con su labor de reparar a las víctimas del conflicto armado. Así lo explicó su director general, el mayor Giovani Yule.
“La restitución de tierras es un derecho fundamental. Por ello, es de aplicación inmediata, tal y como lo ha dictaminado la misma Corte Constitucional. Por ende, la URT debe usar las competencias que le dio la Ley 1448 de 2011 para hacer cumplir esos derechos en todo caso”, argumentó.
Yule se refirió así a la jurisprudencia del máximo tribunal, en concreto a sentencias como la C-330 de 2016, en la que, con fundamento en el derecho internacional y la Constitución Política de Colombia, ha establecido que la restitución de tierras es un derecho fundamental y es de aplicación inmediata.
Pasamos del rezago al cumplimiento
De igual manera, el director general destacó que una de las apuestas que tiene su administración es saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las víctimas en el país. En este sentido, se refirió a la forma en que se ha revertido el rezago que dejaron gobiernos pasados.
Así, en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro, la entidad ya presenta un cambio notable en las cifras de su gestión. Por ejemplo, en etapa administrativa, la URT pasó de negar un 71.3% de solicitudes de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a negar solo el 28,1%. En etapa judicial, de un total de 10.869.000 hectáreas que están en demanda, 5.859.000 se han radicado en la actual administración (más del 56%).
Llegamos a donde nadie había llegado
Esta transformación no habría sido posible si la entidad no hubiera puesto a las víctimas en el centro de sus políticas. Esto incluye llegar a sus territorios, ignorados históricamente por el Estado, a través del nuevo enfoque de Seguridad Humana, que concerta con las comunidades la mejor forma de protegerlas.
Así, por ejemplo, los pueblos indígenas y afro, que están entre los más afectados por el conflicto armado, hoy se han convertido en uno de los aspectos más importantes de la actual gestión en la URT.
“Hemos beneficiado más de 13 comunidades ancestrales con su retorno y armonización. Hemos llegado a territorios donde nunca el Estado y el Gobierno habían llegado. Ahí se ha hecho una inversión importante: más de $33.000 millones de pesos para reparar a más de 12.000 familias. Podemos asegurar que esos recursos han llegado a las víctimas, beneficiadas con el derecho fundamental a la restitución”, recalcó el mayor Yule.
Estas inversiones impactan positivamente territorios históricamente marginados por las políticas estatales, como es el caso de resguardos indígenas y consejos comunitarios en Bagadó, Unguía y Juradó (Chocó); Florida y Buenaventura (Valle del Cauca); Timbiquí y Patía (Cauca); Agustín Codazzi (Cesar), Sabanas de San Ángel (Magdalena), entre otros.
Se agiliza el cumplimiento
Durante el Gobierno del Cambio, son varios ya los casos emblemáticos de restitución, que dan fe del avance de esta política y la mejora de los procesos que adelanta la URT para resarcir a las víctimas. En especial en la etapa final, la de posfallo, que se refiere al cumplimiento de las sentencias y órdenes derivadas.
Uno de estos casos es el del Resguardo Indígena Guayacán Santa Rosa, perteneciente al pueblo ancestral Wounaan Nonam y ubicado en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca). No pasó más de un año desde que un juzgado especializado emitió la sentencia a favor de esta comunidad originaria —el 23 de febrero de 2023—, pero ya la Unidad de Restitución de Tierras dio cumplimiento al 100% de lo ordenado en el fallo.
La restitución sigue su marcha
Todo lo anterior evidencia el compromiso de la actual administración por priorizar a las víctimas, y el cambio que se ha logrado en la URT a partir de esta premisa. Si la restitución de tierras es un derecho fundamental, consagrado en la Ley 1448 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que corresponde es cumplir ese mandato.
“Esto quiere decir que aquí hemos avanzado enormemente en el cumplimiento de las sentencias, porque es una deuda que tenemos para con las víctimas. Cuando llegamos aquí, estaban totalmente rezagadas y estancadas estás órdenes judiciales. Ahora estamos saldando esa deuda”, destacó Giovani Yule.
Finalmente, el director general reiteró que casos como el del Resguardo Indígena Guayacán Santa Rosa demuestran que la URT está protegiendo efectivamente los derechos de las comunidades golpeadas por el conflicto armado, lo que aporta a la construcción de paz y justicia social en todas las regiones del país.
Unidad de Restitución de Tierras
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