Agilidad, privacidad, trazabilidad, ahorro y seguridad son algunas de las ventajas de la Demanda Electrónica, un mecanismo de radicación a través del cual se busca restablecer los derechos de las víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras.
Es una herramienta tecnológica que diseñó la Unidad de Restitución de Tierras en articulación con el Consejo Superior de la Judicatura y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del programa Justicia para una Paz Sostenible.
En el mes de julio la Dirección Territorial Bolívar de la Unidad de Restitución de Tierras radicará 67 demandas aplicando esta herramienta. La meta es que una vez implementado el sistema no se vuelvan a radicar procesos a través de canales presenciales.
Bogotá D.C., 16 de julio de 2020 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras (URT) inició la implementación de la demanda electrónica en el departamento de Bolívar con la radicación mediante esta herramienta digital de 26 acciones judiciales que reclaman derechos sobre predios ubicados en los municipios de Arroyohondo, Córdoba, María la Baja, San Jacinto y otros.
En medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado en el marco de la pandemia de COVID– 19, el director de la URT, Andrés Castro, anunció que al cierre de este año la entidad tendrá implementada la demanda electrónica en el 100% de las direcciones territoriales.
El trabajo ha sido orientado desde la Dirección Jurídica de la Unidad, con el apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información logrando que a la fecha se haya implementado la modalidad de demanda electrónica en las oficinas de Bogotá, Ibagué, Florencia, Villavicencio, Popayán, Neiva, Cali, Pereira, Cúcuta, Caucasia, Sincelejo y Montería. La oficina de El Carmen de Bolívar presentará ante jueces especializados de restitución de tierras en el mes de julio un total de 67 demandas con las que se sumará a las direcciones territoriales que ejecutan este innovador sistema.
Castro afirmó que este es un hecho en materia de modernización del Estado, transformación digital y que ratifica el compromiso de restablecer los derechos de las víctimas de la violencia. “La Demanda Electrónica permite un mayor control de la información que se suministra a los jueces y magistrados para definir la calidad de víctima y el derecho a la restitución de un predio. Además, agiliza el proceso, ahorra tiempo y optimiza los recursos públicos”, agregó.
Entre sus ventajas están: economiza un promedio de cuatro horas por cada proceso radicado; elimina el uso de papel y disminuye los costos en transporte, impresión y uso de discos por demanda presentada, avances que aportan a un menor consumo y a la sostenibilidad medioambiental.
La meta es que una vez implementado el sistema no se vuelvan a radicar procesos a través de canales presenciales. “La demanda electrónica llegó para quedarse, es un modelo innovador que resulta positivo especialmente para las víctimas reclamantes de tierras debido a que agiliza los trámites en la etapa judicial y hace más eficiente el trabajo que adelanta la Unidad en representación de las familias solicitantes”, anotó la Directora Territorial en Bolívar, Mileth Agámez López.

