En la jornada ‘El PDET es de todos’ que lideró la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación en Ibagué, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, instó a los nuevos mandatarios a generar una sinergia de trabajo que permita optimizar recursos y mejorar la calidad de vida de quienes sufrieron el desplazamiento y despojo de tierras.

Ibagué, 4 de marzo de 2011 (@URestitución). Los nuevos mandatarios de Chaparral, Ríoblanco, Ataco y Planadas, ubicados en el Sur del Tolima, participaron en la jornada ‘El PDET es de todos’ que se desarrolló en la ciudad de Ibagué.

El director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, entregó el balance de los avances de la política de restitución de tierras e instó a los nuevos mandatarios a vincular, en sus planes de desarrollo, metas y recursos que les permitan cumplir con los fallos proferidos a favor de las víctimas de abandono y despojo de tierras. De esta manera, los mandatarios locales podrán alinearse con las apuestas del Gobierno Nacional para optimizar los resultados de los programas de inversión destinados a la reparación de las víctimas.

Durante la jornada, que lideró la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación, se suscribieron 123 iniciativas y 165 acuerdos, cuatro de ellos corresponden a la URT y ratifican el compromiso del Gobierno Nacional con la paz con legalidad.

Los acuerdos de la Unidad son: priorizar la respuesta a solicitudes efectuadas sobre predios abandonados y despojados en las jurisdicciones de Chaparral, Ríoblanco, Ataco y Planadas; agilizar la presentación de demandas ante la justicia para restablecer los derechos sobre la tierra; adelantar el estudio de los casos que están en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (RUPTA) y fortalecer la implementación del programa de Proyectos Productivos.

El programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET) busca fortalecer la articulación institucional, aunar esfuerzos y sumar recursos que le permitan a los entes territoriales alcanzar el cambio que por décadas han esperado las comunidades afectadas por la violencia.