Los resultados en la implementación de los enfoques participativo, colectivo, territorial y de articulación interinstitucional fueron presentados por la subdirectora general, Aura Bolívar y la directora de Asuntos Étnicos, Enelia Salinas Chivatá, ante el ente multilateral. 

Bogotá, 29 de enero de 2026 (@URestitucion). El Gobierno de Gustavo Petro ha profundizado en la visión integral y transformadora de la política de restitución de tierras, la cual va más allá y busca garantizar derechos, restablecer el tejido social, recomponer las estructuras organizativas y comunitarias que existen en el territorio, tal como generar confianza en el quehacer del Estado. 

Así lo señaló Aura Bolívar, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), una vez conoció las recomendaciones expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe ‘Impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia’.

Teniendo en cuenta los puntos señalados, Bolívar destacó que en los más de tres años del Gobierno del Cambio, la URT gestionó esta política de Estado bajo cuatro enfoques, con los cuales se ha trasformado el proceso de atención y reparación a las víctimas de abandono forzado y despojo de tierras. Se trata de los enfoques: participativo, colectivo, territorial y de articulación interinstitucional.

“No podemos hacer política pública sin conocer qué piensan las comunidades y garantizar su participación”, señaló la funcionaria, que enfatizó que para materializar el enfoque participativo se ha convocado a mujeres, jóvenes, adultos mayores y comunidad diversa a través de las mesas de Mujeres, Campesina y LGTBIQ+, así como los Encuentros para Armonizar la Vida, entre otros espacios. 

Respecto al enfoque territorial, una de las apuestas de la Unidad se ha centrado en garantizar su presencia en territorios con altos porcentajes de despojo y abandono forzado de tierras, ampliando los puntos de atención en dichas zonas. Se resaltó la reinauguración de la Dirección Territorial de Chocó, la apertura de una oficina en Tumaco y, atendiendo la conmoción interior, la creación de oficinas transitorias en el Catatumbo durante la coyuntura crítica en 2025. 

También se incursionó en nuevos territorios mediante el componente de Seguridad Humana y se avanzó en la respuesta a solicitudes que, por mas de 14 años, se encontraban sin resolver en el marco de esta política de Estado. 

Con relación al enfoque colectivo, se implementó la ruta colectiva y campesina, gestionado 39 casos que buscan responder a más de 1.700 solicitudes. De estos, 13 casos ya cuentan con demandas radicadas, con las cuales se pretende el restablecimiento de derechos a 577 familias. 

Como parte de este enfoque, otra de las apuestas estratégicas desarrolladas se relaciona con la superación del rezago en la ruta étnica, impulsando el cumplimiento de los Decretos Ley 4633 y 4635, con los cuales se restablecen los derechos étnico-territoriales a comunidades indígenas y afrodescendientes. Al respecto, se resaltó la creación de un proyecto de inversión específico para la restitución de comunidades ancestrales, el cual opera en las etapas administrativa, judicial y posfallo. Además, se fortaleció la participación de la URT en espacios de diálogo como la Mesa Permanente de Concertación, la Mesa Regional Amazónica, la CNTI, entre otros. 

Respecto a la gestión étnica, se destacó la inscripción de 392 territorios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) y la radicación de 182 demandas que comprometen un poco más de 8.333.000 hectáreas, lo que corresponde a más del 60% de la gestión realizada en los casi 15 años de vigencia de los Decretos Ley. A estas acciones se suma la gestión con el Consejo Superior de la Judicatura para crear cinco despachos étnicos. 

Otros de los trabajos liderados se adelantaron mediante el enfoque de articulación interinstitucional, con el cual se busca materializar el cumplimiento de órdenes. Aquí se resalta la creación del Protocolo en el marco de la Sentencia T-120. También se logró la aprobación del CONPES 4081 de 2025: ‘Soluciones duraderas para víctimas de desplazamiento forzado en Colombia’. 

Para Aura Bolívar, el CONPES de soluciones duraderas es clave para avanzar en los procesos de articulación, coordinación institucional y gestión de la política pública para víctimas, garantizar la sostenibilidad de los procesos de atención y reparación, así como reversar los efectos del desplazamiento forzado en Colombia. 

Para concluir, la subdirectora general de la URT señaló que la implementación de estos enfoques hace parte de la apuesta por asegurar una visión garantista de la restitución de tierras y derechos territoriales, con la cual se han logrado cifras históricas en la gestión de los procesos en cada una de las rutas del proceso.

Por último, la directora de Asuntos Étnicos, Enelia Salinas Chivatá, destacó el trabajo que se ha liderado en los territorios junto a las comunidades y organizaciones ancestrales, a través de las asambleas regionales ‘Tejiendo la Restitución’, con las que se ha impulsado el cumplimiento de las metas de la entidad para la ruta colectiva étnica. Además, la URT ha hecho uno de los aportes más importantes en el contador de formalización y entrega de tierras para la Reforma Agraria.

Unidad de Restitución de Tierras

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