La entidad, a través de su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), lideró un espacio de diálogo con cooperación internacional, distintas ONG y entidades del Estado, para fortalecer la protección de pueblos que avanzan en la restitución de sus derechos territoriales y enfrentan escenarios de alto riesgo.
Bogotá, 5 de mayo de 2026 (@URestitucion). En la sede central de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se realizó un encuentro de articulación orientado a fortalecer la protección de comunidades étnicas en procesos de restablecimiento de sus derechos territoriales, en el marco de los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.
La directora de Asuntos Étnicos de la URT, Enelia Salinas, enfatizó que la restitución étnico-territorial no se limita a la recuperación jurídica de los territorios, sino que implica garantizar condiciones reales para la vida, la permanencia y la pervivencia de estos pueblos. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer mecanismos de autoprotección comunitaria —como las guardias indígena y cimarrona— e integrar saberes ancestrales para armonizar y sanar los territorios.
En el encuentro se presentó el estado de las medidas cautelares como herramienta central de protección, destacando que la URT ha impulsado el 99% de las solicitudes en el marco de la restitución étnica, con 116 medidas vigentes. Estas responden a riesgos que afectan no solo el derecho al territorio, sino también la seguridad, la alimentación, la salud y otros derechos fundamentales. No obstante, se advirtió que su efectividad depende del seguimiento permanente, la articulación interinstitucional y la presencia del Estado, en un contexto donde los riesgos han evolucionado por las dinámicas del conflicto armado.
Durante el diálogo, se definieron líneas de acción concretas: acompañamiento en territorio como mecanismo de protección, fortalecimiento de capacidades comunitarias, incidencia ante la Rama Judicial, espacios de seguimiento con comunidades e inclusión de estas medidas en escenarios internacionales.
Desde el Foro de ONGs Humanitarias, José Luis Barreiro subrayó que la acción debe regirse por los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad, lo que define sus límites de articulación con el Estado. No obstante, reiteró la disposición de dichas organizaciones para aportar en territorio, señalando la necesidad de visibilizar resultados concretos, que permitan fortalecer la confianza y ampliar la cooperación.
Por su parte, Juan Mosquera, de la Embajada de Suecia en Colombia, destacó la importancia de incorporar las medidas cautelares en el clúster de protección, como mecanismo para facilitar su seguimiento y articulación entre actores. Asimismo, propuso fortalecer la conexión entre los Equipos Locales de Coordinación (ELC) y las autoridades étnicas, como un canal clave para la implementación territorial.
La URT presentó avances en acciones complementarias como las iniciativas de seguridad y soberanía alimentaria (ISSA), orientadas a garantizar condiciones materiales para comunidades reconocidas como víctimas. Así mismo, se destacaron buenas prácticas derivadas de medidas cautelares en territorios como Buenaventura, el pueblo Kankuamo, el pueblo Barí y comunidades afro del Micay.
La Unidad de Restitución de Tierras reiteró su compromiso de impulsar la reparación étnico-territorial como una política integral de garantía de derechos, en articulación con actores nacionales e internacionales, para proteger la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos étnicos en Colombia.
Unidad de Restitución de Tierras
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