La Dirección Jurídica de la entidad inscribió estas tierras en el Registro Único de Protección de Predios Abandonados (RUPTA). Las medidas tienen el fin de garantizar la permanencia de estas familias en el territorio.
Bogotá, 31 de octubre de 2024 (@URestitucion). La medida es el resultado de los acuerdos establecidos en la mesa interinstitucional liderada por el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, de la cual la Unidad de Restitución de Tierras (URT) hace parte.
Los 40 predios, distribuidos en 21 fincas y en los que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (CPSJA) tiene relación jurídica de propiedad, posesión y explotación de baldíos, están en inminente riesgo de abandono por el conflicto. Con la medida, la entidad busca garantizar la permanencia de estas familias.
Según Paula Villa, directora Jurídica de la URT, los actos administrativos proferidos reconocen a la CPSJA como víctima de confinamiento. “La comunidad de paz cuenta con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2018, en las que se les reconoce como víctimas colectivas. Este colectivo es una apuesta pacífica de campesinos organizados que hacen resistencia al conflicto interno armado, declarándose neutrales frente a los actores armados irregulares y en ruptura con el Estado. Por último, son sujetos colectivos campesinos con especial protección constitucional, atendiendo lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2023”, explicó.
En ese sentido, la finalidad de estas medidas es proteger el derecho de propiedad, posesión y ocupación de esta comunidad, como desarrollo del principio fundamental constitucional previsto en el artículo 2°, el cual busca proteger a todas las personas residentes en Colombia, su “honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades", para que puedan disfrutar de los bienes sobre los que ostentan algún tipo de derecho, particularmente de la tierra.
Una historia de lucha y resiliencia
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó fue reconocida como víctima colectiva ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con medidas provisionales que obligan al Estado Colombiano, proferidas por la Corte IDH el 5 de febrero de 2018, tras haber denunciado múltiples hechos de violencia.
Entre los hechos victimizantes se cuentan dos masacres, que hace que persistan los riesgos contra la vida de sus miembros, representantes, acompañantes internacionales y la integridad territorial de los predios ocupados colectivamente y sobre los cuales desarrollan actividades agroecológicas y de subsistencia, conforme a su modo de vida campesino y su decisión de neutralidad frente a la guerra. Desde el año 2005, la CPSJA declaró su ruptura con el Estado, restringiendo las relaciones con organismos o entidades estatales.
El más reciente hecho violento ocurrió el 19 de marzo de este año en la vereda La Esperanza del municipio de Apartadó (Antioquia), con el asesinato de Nallely Sepúlveda y Edinson David, ambos de la CPSJA, este último menor de edad.
Unidad de Restitución de Tierras
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