El proceso es acompañado por abogadas del equipo étnico de la Dirección Territorial en Apartadó, quienes representan a los sujetos colectivos en el proceso de restitución de sus derechos territoriales en Carmen del Darién.

Apartadó, 27 de abril de 2024 (@URestitucion). Los consejos comunitarios La Madre y Boca de Chicao, ubicados en el municipio de Carmen del Darién (Chocó), llegaron a un acuerdo como parte del proceso de solución de controversias interétnicas que adelanta la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT): ahora la entidad tiene su aval para realizar una diligencia en sus territorios que permita delimitar los linderos que corresponden a cada consejo y así resolver el conflicto que se presenta entre estas dos comunidades desde hace más de 20 años.

Como parte de sus labores de acompañamiento institucional a la solución de controversias interétnicas, la URT, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras, lidera este proceso de resolución del conflicto que se presenta entre ambos consejos comunitarios. Líderes de dichos pueblos étnicos agradecen a la Unidad por su avance en esta cuestión.

“Para nosotros como comunidad ha sido muy importante todo el apoyo que hemos recibido de la URT, porque ha sido la entidad que ha buscado todos los mecanismos para que podamos resolver el conflicto interno que existe entre estas comunidades. Nosotros nos vamos muy contentos con la decisión que hemos tomado ambas partes y, por mi parte, muy agradecido con el representante legal de La Madre porque hoy llegamos a un acuerdo”, afirmó Saul Palacios Cavo, representante legal del Consejo Comunitario de Boca de Chicao.

El equipo étnico de la Dirección Territorial de la URT en Apartadó ha propiciado diferentes espacios para darle tratamiento a este tipo de conflictos, logrando, en esta ocasión a través de audiencia judicial, que las partes generen un acercamiento y utilicen el diálogo y el entendimiento para tramitar de manera pacífica sus disputas en busca de acuerdos.

El avance en la resolución de conflictos entre reclamantes en etapas administrativas y judiciales permite que los procesos se desarrollen con mayor agilidad, previene desgastes en los juzgados y propicia el desarrollo de liderazgos y capacidades para la construcción de paz entre las comunidades beneficiarias.