Una jueza especializada resaltó la labor de la entidad para restituir los derechos étnico-territoriales del Resguardo Indígena San Lorenzo.

Pereira, 27 de febrero de 2024 (@URestitución). La Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) atendió la audiencia de seguimiento a una sentencia judicial que beneficia al pueblo Embera Chamí en el departamento de Caldas.

Beatriz Elena Bermúdez, Jueza Primera Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, instó a responder a las entidades nacionales y locales encargadas de reparar al pueblo étnico, gravemente afectado por el conflicto armado.

La directora de Asuntos Étnicos de la URT, María Alejandra Montaño, asistió a la audiencia y señaló la importancia de impulsar y verificar el cumplimiento de las órdenes, en el caso del Resguardo Indígena San Lorenzo, ubicado entre los municipios de Riosucio y Supía, Caldas. 

Por su parte, la jueza Bermúdez resaltó el trabajo de la Unidad en la articulación interinstitucional y el rigor técnico para trabajar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro, las autoridades del resguardo y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la orden relacionada con el saneamiento y ampliación del territorio colectivo. 

En marzo, por iniciativa de la URT y el IGAC, se llevará a cabo una mesa técnica, en la que participarán las autoridades étnicas y cuyo fin es analizar los predios relacionados con el territorio colectivo.

Primera sentencia étnica en el Eje Cafetero

En diciembre del 2018 fue emitida esta sentencia, la primera para un pueblo étnico del Eje Cafetero. La justicia estableció que la comunidad estaba en riesgo físico y cultural, y que las afectaciones ambientales facilitaron el tránsito de terceros por zonas de uso ancestral, posibilitando homicidios y desplazamiento forzado. Con esta decisión, 21 comunidades fueron reconocidas como víctimas.

La audiencia estuvo marcada por el análisis del derecho fundamental al territorio, a través de su saneamiento y formalización; la implementación de proyectos productivos; los derechos a la salud y a la educación; la implementación de medidas de reparación ambiental e inversión social, entre otros temas.

Asistieron la UARIV, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación de Caldas, el Ministerio de Vivienda, entre otras entidades, a las que la jueza Bermúdez instó a priorizar los proyectos que cumplan la orden de realizar inversión social en esta comunidad.

Unidad de Restitución de Tierras

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