En un trabajo mancomunado entre el Archivo General de la Nación, la Unidad de Restitución de Tierras y la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) se aprobó que los documentos que corresponden al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada fueran declarados patrimonio nacional.

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2024. Los relatos del despojo desde la perspectiva de las víctimas y de quiénes estuvieron implicados en los hechos de violencia ahora son patrimonio nacional. Es decir, son un bien colectivo para la nación y aporta al cumplimiento y misionalidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Los documentos que actualmente están en custodia de la Unidad de Restitución de Tierras narran en sus páginas los daños ocasionados a un amplio sector de la sociedad en contextos de violencia y conflicto armado. Son eventos trascendentales para las víctimas y la sociedad en general que implican también una conexión emocional con la historia que ha marcado a Colombia.

Para la secretaria general de la Unidad de Restitución de Tierras, Jaqueline Campos, estos documentos son de gran relevancia porque garantizan el acceso a la verdad y constituyen pruebas para la justicia, así como para la reparación integral de las víctimas y agrega: “Esto parte de los insumos para la investigación, el esclarecimiento y la garantía de no repetición. Da cuenta de las estructuras y dinámicas del conflicto armado interno que permite comprender la perspectiva de la violencia sociopolítica en Colombia y la configuración de marcos de impunidad”.

Los documentos declarados como patrimonio nacional corresponden a las historias salvaguardadas en 235 cajas que un total de 4.924 carpetas y dos medios magnéticos del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), y en 645 cajas en las que reposan un total de 4.836 carpetas y 311 medios magnéticos en los que se recopila información del Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada.

Para llegar a este punto la Unidad de Restitución de Tierras creó el Grupo de Gestión Documental, Archivo y Memoria Histórica, decisión adoptada hace un año con el fin de separar la gestión documental de la gestión administrativa y darle especial manejo al tratamiento de estos documentos.

Se trasladó el archivo nuevamente a la entidad para que estuviera bajo su custodia y control. Por su parte el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, declaró los archivos misionales como archivos de derechos humanos.

Finalmente, la URT se alió con el Archivo General de la Nación con quienes se han desarrollado mesas técnicas para la protección de estos documentos. Una labor destacada por Francisco Javier Florez, director del Archivo General de la Nación: “La preservación de estos archivos tiene que ver con la protección de la memoria en los ámbitos documental, archivístico, legal y judicial. Son documentos en los que se esclarecen los hechos asociados al despojo de tierras, quedan consignados los responsables y se fijan medidas de reparación. También son simbólicos en términos de los procesos que acompañan la restitución de tierra y también material, en términos del registro histórico de bienes despojados”.

La Resolución 949 de 2023 a través de la cual se declara patrimonio nacional los documentos evidencia los esfuerzos institucionales del Estado para dimensionar el fenómeno de despojo de tierras y su impacto en los territorios. Además, las agrupaciones documentales respaldan las instancias de la justicia transicional, contribuye a la restitución de los predios despojados, permite la construcción de narrativas históricas del pasado reciente de Colombia.