Se busca así garantizar medidas de protección sobre tierras y territorios a través del RUPTA, gestionar solicitudes de restitución y atender a las víctimas que migraron a Venezuela, fueron desplazadas, o están confinadas, tras los hechos de violencia que se han registrado desde enero en esta región de Norte de Santander. 

Bogotá, 25 de marzo de 2025 (@URestitucion). En la versión número 68 del Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), conformado por los representantes de 12 entidades del orden nacional y cinco delegados de las mesas de víctimas y de los espacios de participación de comunidades negras e indígenas dieron su votó ‘sí’ a las propuestas que planteó el director general, Giovani Yule, y su equipo directivo.

El primer punto aprobado es el traslado presupuestal de $2.128 millones de pesos provenientes de recursos propios de la entidad para atender la actual coyuntura del Catatumbo. En dicha zona, tras el Decreto Ley del Sector emitido por el Gobierno Nacional, que establece competencias en el marco de la conmoción interior, la URT ha implementado medidas extraordinarias para proteger las tierras y los territorios de las comunidades afectadas por los hechos de violencia generalizada que se han vivido. 

Los recursos estarán enfocados a gestionar las solicitudes adelantadas a través del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA). También iniciará el proceso para responder a solicitudes de restitución de tierras y atender a los connacionales que migraron a Venezuela tras estos hechos violentos. 

Otro de los puntos destacados fue la aprobación del Anteproyecto Presupuestal 2026. Esta propuesta presentada al Consejo Directivo prioriza temas como: mantener la tendencia a la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTADF); fortalecer la ruta étnica, en favor de las comunidades afrodescendientes e indígenas; cumplir con las órdenes judiciales enfocadas en proyectos productivos; entrega de medidas de compensación a víctimas, tal como a personas reconocidas como segundos ocupantes o terceros que demostraron su buena fe exenta de culpa. En esta primera fase de aprobación del Anteproyecto Presupuestal 2026, se estableció un incremento del 28%. 

Gloria Cuartas, directora encargada de la Unidad para las Víctimas, destacó la preparación de la URT para atender la crisis humanitaria en Norte de Santander: “el trabajo potente que ha liderado la entidad es un llamado para dirigir todos los esfuerzos posibles en la protección de los bienes de las comunidades campesinas y étnicas, en el marco de la situación compleja que vive el Catatumbo. La meta es evitar el despojo de las tierras en medio de las presiones violentas”. 

Por su parte Paula Villa, subdirectora general (e) de la URT, afirmó que en este primer Consejo Directivo de 2025 se dio un paso importante para la entidad, al lograr el respaldo del consejo para así aunar esfuerzos que permitan responder a la deuda histórica que se tiene con las víctimas del conflicto. En especial con las que fueron despojadas o abandonaron de manera forzada sus tierras. 

Al espacio también asistieron delegados de la Mesa Nacional de Víctimas y representantes del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Banco Agrario, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Finagro y Agencia Nacional de Tierras. 

Unidad de Restitución de Tierras

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