La Dirección Territorial Antioquia de la URT hizo la entrega material de un predio de nueve hectáreas a los habitantes de la vereda La Tupiada, en San Carlos.

San Carlos, 27 de septiembre de 2024 (@URestitucion). Más de 21 años después de sufrir el despojo por cuenta del conflicto armado, la esperanza vuelve a los antiguos pobladores de La Tupiada, en el municipio de San Carlos, pues la Dirección Territorial de Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les hizo entrega material de un predio de nueve hectáreas más 2.784 metros cuadrados a su Junta de Acción Comunal (JAC).

El 16 de enero del 2003, las veredas de Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca, en San Carlos, fueron escenario de una brutal incursión armada que cambió la vida de sus habitantes para siempre. Esa noche, miembros del Frente Noveno de las Farc irrumpieron en los hogares de estas comunidades y asesinaron a 18 habitantes. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (2011), el hecho provocó el desplazamiento de 886 personas, el más grande registrado en el municipio, entre el 2000 y el 2004.

El fallo que ordenó la entrega, respaldado por la Sentencia No. 58 de 2022 y proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, permitirá a las víctimas retomar el control sobre su tierra. La JAC había impulsado un plan de explotación panelera y cultivos de caña de azúcar en el predio, que fue adquirido en los años 90, pero el conflicto interrumpió abruptamente los esfuerzos por consolidar este proyecto, cuando la violencia de los grupos armados obligó a huir a más de 30 familias.

“Este es un caso simbólico porque se trata de la primera entrega de la Dirección Territorial Antioquia a una Junta de Acción Comunal. Es un reconocimiento a las condiciones agrarias y campesinas que tienen sus integrantes”, señaló César Augusto Londoño, director territorial de la URT en Antioquia.

La solicitud de restitución, presentada en diciembre del 2015, subrayó cómo el desplazamiento forzado impidió a la comunidad continuar con la explotación del predio. Durante el proceso judicial, se presentaron numerosos testimonios de los habitantes de La Tupiada, quienes relataron el abandono de las tierras tras la masacre y la pérdida de los cultivos y el ganado. Las pruebas y las declaraciones acreditaron el desplazamiento y el despojo sufrido por los miembros de la JAC.

La sentencia no solo restituyó las tierras a la comunidad, sino que también ordenó la formalización de los títulos de propiedad en favor de la junta, un paso clave para garantizar la seguridad jurídica de los campesinos que fueron víctimas del conflicto armado.

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