El encargado de presentar la demanda para recuperar el territorio fue el Director General de la Entidad, Andrés Castro. 191 familias serán beneficiadas con la decisión.

Cali, 14 de noviembre de 2019 (@URestitucion). Las 2.029 hectáreas reclamadas son terrenos baldíos ocupados colectivamente que, en el año 2003, fueron adjudicados por el antiguo Incora en calidad de ‘tierras de las comunidades negras’.

Las 318 mujeres y los 276 hombres que integran el Consejo Comunitario fueron representados por la URT, entidad que se encargó de presentar una demanda ante las autoridades y solicitar la devolución del territorio.

Para preservar sus vidas, los habitantes de esta región decidieron abandonarlo. La presión de las Farc desde el año 1994 y la consolidación del Bloque Calima de las AUC, desde 1999, fueron las causas del desplazamiento.

El reclutamiento forzado de menores, las falsas promesas, los enfrentamientos constantes entre grupos armados ilegales, las extorsiones, los asesinatos selectivos, los cultivos ilícitos, las minas antipersona y la vulneración del derecho a la ocupación, uso y aprovechamiento tradicional del territorio fueron la constante durante más de 20 años en la región.

“En el Valle del Cauca el avance en restitución es significativo. Se ha logrado el pronunciamiento de jueces que ordenan la restitución de más de 65 mil hectáreas; a 1.800 campesinos se les han restablecido sus derechos y 4.600 miembros de comunidades étnicas han sido restituidos. Con la presentación de esta demanda la URT continúa comprometida con los derechos de las comunidades étnicas para que recuperen sus territorios y puedan conservar sus tradiciones ancestrales y transformar sus vidas”, aseguró el Director Castro.

Con la diligencia se busca que los integrantes del Consejo Comunitario sean reconocidos como víctimas; que sea ordenada la restitución jurídica y material del territorio reclamado; la atención de los daños y afectaciones del territorio, como consecuencia de la violencia; el desarrollo de procesos formativos de emprendimiento, diseño e implementación de proyectos productivos comunitarios y asociativos; la sustitución de cultivos de uso ilícito y la suspensión de toda solicitud minera en el territorio, entre otras pretensiones.

Tan pronto sea emitida la decisión, la URT se encargará de acompañar el retorno de la comunidad, con apoyo de la Policía Nacional que deberá, como primer paso, hacer patrullajes permanentes en la entrada principal del Consejo Comunitario para garantizar las condiciones de seguridad y contribuir a su mantenimiento.

Fecha: jueves 14 de noviembre 2019Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.