En el Pacífico nariñense, donde este pueblo ancestral ha cuidado el territorio, el agua y la vida por generaciones, tres comunidades celebran la admisión de la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), para proteger sus derechos sobre más de 7.903 hectáreas.

Tumaco, 19 de junio de 2025 (@URestitucion). El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto admitió la demanda presentada por la URT en favor de los resguardos indígenas Inda Zabaleta, Inda Guacaray y Pulgande Campo Alegre, pertenecientes al pueblo ancestral Awá y ubicados en zona rural de Tumaco. Esta decisión es resultado de la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales sobre un área de más de 7.903 hectáreas.

Los tres territorios han sido escenarios históricos de presión por parte de actores externos, daños ambientales, amenazas a la movilidad de las comunidades y riesgos para la pervivencia cultural del pueblo Awá. En respuesta a ello, el proceso de restitución permitirá esclarecer las afectaciones, al convocar a más de 30 entidades del Estado a pronunciarse, aportar información y avanzar hacia la recuperación jurídica de estos territorios colectivos.

Entre las medidas adoptadas por el juzgado, se destacan: la suspensión de trámites administrativos o judiciales que comprometan los predios; el llamado a terceros identificados en el proceso; tal como el requerimiento de información a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, Cedenar, entre otros, dada la posible sobreposición de proyectos de infraestructura, extractivos y de energía, o de zonas de reserva ambiental sobre estos resguardos.

Desde la Dirección Territorial Nariño de la URT, liderada por María Estefany Checa Narváez, se valora este auto como una oportunidad para hacer visibles las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas en Tumaco, con el fin de abrir un camino de respuesta institucional que priorice la permanencia digna de los pueblos en sus territorios ancestrales. 

Esta decisión judicial demuestra que los derechos territoriales de los pueblos indígenas no solo deben ser reconocidos, sino también garantizados a través de acciones concretas del Estado.

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