La solicitud de adopción de medidas cautelares en favor de 62 familias del pueblo Nasa fue presentada, vía electrónica, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio y hace parte de los compromisos adquiridos por la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Villavicencio, 12 de agosto de 2020 (@URestitucion). Ante el inminente riesgo de afectación territorial que afrontan las 62 familias del pueblo Nasa, por la presencia de minas antipersonal y munición sin explotar en el Resguardo indígena ‘Ondas del Cafre’, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solicitó, ante la autoridad judicial competente, la adopción de medidas cautelares para proteger las 4.075 hectáreas que conforman el territorio ancestral.

“El objetivo de la medida radicada electrónicamente ante el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras del Circuito de Villavicencio y durante la emergencia por la pandemia de COVID-19, es que se adopten medidas eficaces y oportunas para detener las afectaciones por confinamiento y abandono del territorio”, señaló Wilson Leyton Roldán, director territorial de la Unidad en Meta.

La entidad evidenció, en la elaboración del Estudio Preliminar que, según testimonios de la comunidad e información de fuentes secundarias; entre estas la Defensoría del Pueblo y el Portal de Acción Contra Minas del Alto Comisionado para la Paz, que en el territorio colectivo hay presencia de munición sin explotar y minas antipersonas, las cuales fueron instaladas por la guerrilla de las FARC entre los años 2002 y 2011, como estrategia para el control del territorio y de defensa de sus campamentos.

Así las cosas, con la presentación de esta medida cautelar, se pretende que el juez ordene acciones encaminadas a garantizar los derechos de los habitantes del Resguardo Indígena ‘Ondas del Cafre’ que actualmente se ven seriamente afectado, entre los que se listan el derecho a la vida; a la integridad física; a la libre circulación; y el derecho fundamental al uso, acceso, ocupación y disfrute del territorio, y de los recursos naturales.

Finalmente, Leyton enfatizó que la radicación de la medida cautelar hace parte de los compromisos adquiridos por la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) orientados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al tiempo que reiteró la disposición de seguir trabajando por lograr el goce efectivo de los derechos y la reparación integral a las comunidades indígenas de la Orinoquia colombiana.

Con esta ya son cuatro las medidas cautelares radicadas en medio de la pandemia para proteger comunidades indígenas de la Orinoquía: Ondas del Cafre, Meta; Resguardo indígena Chaparral y Barro Negro en Casanare (16 mil hectáreas); Resguardo Indígena Caño Mochuelo en Casanare (94.670 hectáreas) y la de Wazapana - Dagua de Puerto Carreño en Vichada. Estas acciones reiteran el compromiso de la Unidad de Restitución con la reparación integral de las víctimas.