En una jornada integral por la variedad y calidad de sus conversatorios, funcionarios de la Unidad y académicos señalaron las acciones a seguir para cumplirle a las víctimas de despojo y/o abandono forzado en el país.

Bogotá, 8 de marzo de 2024 (@URestitucion). Este jueves tuvo lugar en el auditorio José Celestino Mutis de la Universidad del Rosario el foro “El Derecho Fundamental a la Restitución de Tierras en el marco de la Paz Total”. Durante la mañana y en tres conversatorios, expertos en la materia discutieron los desafíos que enfrenta el Estado para restablecer los derechos territoriales al campesinado y a las comunidades étnicas en Colombia, tal como las oportunidades que hoy surgen con la línea política y prioridades del Gobierno del Cambio.

Quien dio inicio al evento fue el mayor Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con un discurso en el que argumentó, desde una visión ancestral, la necesidad de ir más allá de la materialidad de los predios y lo escrito en la ley, para lograr una reparación integral en la vida de los beneficiarios, comunidades y territorios.

“Estamos tratando que el concepto de restitución no se quede solo en lo físico, sino trascienda a lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, lo espiritual. Sobre todo para lograr la reconciliación y una paz integral. Por eso cuando abordamos hoy la violencia y el despojo en Colombia, no solo tenemos que analizar la Ley 1448 de 2011. Para nosotros los pueblos indígenas, el despojo de la palabra, de la memoria, de nuestra historia y de nuestro territorio, remonta a épocas en que vinieron unos europeos con la mentalidad de que descubrieron, mientras aquí ya había civilizaciones con conocimientos avanzados”, explicó.

“En el marco institucional, por supuesto los procesos que llevamos desde la Unidad están enmarcados desde 1991. Pero de ahí para atrás hay mucha memoria, mucha historia, mucha sangre que ha bañado nuestros territorios. Debemos ser capaces, estas generaciones que estamos aquí, de mirar cómo logramos erradicar ese proyecto de muerte. Para lograrlo debemos empezar por cada uno de nosotros. Eliminar los elementos que alimentan esos sentimientos: la venganza, la mentira… Todo lo que produce la desarmonía de la sociedad colombiana y que genera la violencia”, propuso.

En línea con las palabras del mayor Yule, Héctor Rojas Villamil, director del Grupo de Derecho Público de la Universidad del Rosario, hizo un llamado a defender las limitantes que debe tener el derecho a la propiedad, que no es una carta en blanco frente a otros como al territorio y al medio ambiente. Esto a pesar de que en la historia colombiana ha sido impuesto, muchas veces por la fuerza.

“Debemos preguntarnos cómo han sido transgredidas esas limitantes al derecho de propiedad. Si tener propiedad implica el despojar a otros, la pregunta es ¿cómo puede ser que una voluntad imponga esto frente a otras voluntades? El colectivo debe ser quien autorice a las personas según bases de solidaridad, de respeto a los demás ciudadanos, al medio ambiente y a la realización de derechos sociales y económicos. Esa correlación es la que nos convoca a través de la palabra y de sembrar esa conversa, que nos permita una pluralidad de perspectivas”, aseveró.

En resumen, los tres conversatorios realizados fueron los siguientes, con respectivas ideas relevantes por parte de expertos:

• “Las políticas públicas frente a el Estado de cosas inconstitucional relativo al goce efectivo a la restitución de tierras, y el grado de cumplimiento de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”. Con la participación de Luis Jorge Garay, de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado; Paula Villa, directora jurídica de la URT; Rocío del Pilar Peña, coordinadora académica del Observatorio de Tierras; y la moderación de la secretaria general de la Unidad, Jaqueline Campos.
   

En dicho espacio resaltó la intervención de la docente Peña, quien invitó a las entidades del Estado a implementar políticas de carácter masivo para enfrentar un problema que no puede ser resuelto de forma individual: “el diseño institucional de fila no va a compensar nunca el fenómeno masivo de desplazamiento, despojo y abandono forzado. Entonces uno quisiera que las soluciones que se den desde el plano estatal respondan a esa característica masiva del fenómeno”.

• “La restitución de tierras como derecho fundamental de las víctimas del despojo y derecho colectivo de los pueblos étnicos”. Con la presencia de Gabriel Bustamente, subdirector de la URT; Acxan Duque Gaméz, director de Asuntos Étnicos de la Unidad; el director territorial para Antoquia, César Londoño; y Mónica Parada, investigadora del Observatorio de Tierras.

En este conversatorio, Acxan Duque explicó la importancia creciente que toman, en especial para pueblos étnicos, los mecanismos legales derivados de la jurisprudencia que declara al territorio como víctima: “en el Decreto Ley 4633 de 2011, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado al río Cauca como víctima, la Corte Constitucional al río Atrato en la sentencia T-622 de 2016. Por ende, lo que estamos haciendo es que, en los informes de caracterización, demostramos las afectaciones al territorio. Esas afectaciones son a los derechos de las comunidades y tienen un tracto sucesivo, es decir que se siguen produciendo: en que el curandero no puede encontrar la planta, en que el río está contaminado, en que el animal se fue por el accionar de un megaproyecto. Frente a ese tipo de efectos se pueden solicitar medidas cautelares”.

• “El derecho a la restitución de tierras como parte esencial de la construcción de la paz total en los territorios”. Con la participación del director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque; Gabriel Bustamante, subdirector general de la URT; y Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En este último espacio quedó patente el llamado del jurista Álvarez a una colaboración interinstitucional, que tumbe los obstáculos burocráticos para construir paz desde los territorios. Esto es, instó a los funcionarios a ser diligentes a la hora de cumplirle a las víctimas: “hay muchos problemas para cumplir objetivos en materia de restitución que son producto de que el Estado no actúa integralmente. Si eso no se logra, nunca vamos a tener paz. Tenemos que coordinar las distintas actividades de las entidades para poder cumplir. Así hay que transmitirlo a los servidores públicos. Tenemos normas para todo, pero nos falta ser prácticos. Tenemos un marco jurídico robusto que es muy garantista, solo que no lo hemos cumplido. Siempre alguien pone el palo en la rueda al cumplimiento de las tareas que nos corresponden”.