La Unidad busca salvaguardar la integridad de 3.120 personas pertenecientes a 462 familias, así como su territorio colectivo de 178.543 hectáreas, ubicado en los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú, en Norte de Santander.
Bogotá, 26 de marzo de 2025 (@URestitucion). Ante la grave situación de seguridad que vive el pueblo indígena Barí, en el Catatumbo, la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solicitó la adopción de medidas cautelares para proteger a esta comunidad ancestral.
El pasado 14 de marzo, la DAE radicó ante las autoridades la solicitud preventiva para la protección de los derechos étnico-territoriales del Resguardo Motilón Barí, argumentando el recrudecimiento del conflicto armado en esta región. Esta fue asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta.
“Con base en el artículo 151 del Decreto Ley 4633, tratamos de proteger a las comunidades del Resguardo Motilón Barí, gravemente afectado por el recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo”, informó la directora de Asuntos Étnicos de la URT, María Alejandra Montaño.
En dicho territorio, las y los integrantes del resguardo están amenazados; han sufrido desplazamiento y confinamiento, lo que llevó en febrero a la declaratoria del estado de conmoción interior por parte del Gobierno Nacional.
Presencia de la DAE en la zona de riesgo
Con dicha solicitud, se pretende proteger a 3.120 personas de 462 familias, y un territorio colectivo de 178.543 hectáreas, que incluyen el territorio titulado y el solicitado en ampliación. El Resguardo Motilón Barí abarca los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
Este año, la directora de Asuntos Étnicos ha hecho presencia en varias ocasiones en la zona, para hacer seguimiento a las medidas de la entidad.
Miedo ante combates y reclutamiento forzado de niños
El accionar violento de los grupos armados organizados en el territorio colectivo del resguardo, particularmente los combates o confrontaciones, han generado desplazamientos forzados y confinamiento.
Así mismo, se ha aumentado el riesgo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de dichos grupos, así como riesgo de despojo frente al territorio colectivo no titulado.
La semana pasada, varios integrantes del resguardo fueron atacados con armas de fusil en una vía del municipio de La Gabarra, lo que aumentó la zozobra y desesperación de la población.
Dentro de las medidas solicitadas están el derecho a la protección de las comunidades en riesgo y los derechos a la paz; garantía a la asistencia, ayuda humanitaria y salud; seguridad jurídica del territorio colectivo; participación, consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado, tal como reportó el equipo de litigio de la DAE.
En el Plan de Acción Étnico (PAE) 2025, se priorizó la labor de actualizar la caracterización de afectaciones étnico-territoriales del pueblo indígena Barí, así como la elaboración y radicación de una demanda de restablecimiento de derechos étnico-territoriales.
Unidad de Restitución de Tierras
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