Familia víctima de Las Palmas, Bolívar, recuperó 90 hectáreas y venció a acumuladores de tierras en Montes de María
La justicia amparó el derecho a la restitución y reconoció medidas de reparación integral a una familia que perdió todo su patrimonio luego del desplazamiento masivo que originó la masacre perpetrada por paramilitares en el corregimiento Las Palmas, municipio de San Jacinto, Bolívar, en septiembre de 1999.
San Jacinto, Bolívar, 16 de febrero de 2022 (@URestitucion). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena reafirmó como legítima dueña de sus tierras a una familia de San Jacinto, Bolívar. Los integrantes de este hogar desplazado por la violencia generalizada en la región se vieron obligados a negociar su única propiedad con una empresa que acumuló tierras en la subregión de los Montes de María, mediante la compra masiva a víctimas del conflicto.
De acuerdo con los hechos establecidos en el fallo, los restituidos adquirieron el inmueble de cerca de 90 hectáreas en 1988 y lo convirtieron en una próspera finca ganadera, donde también se producía maíz, yuca, ajonjolí, limón y otros productos propios de la región. Con la llegada de grupos armados ilegales al corregimiento Las Palmas, la familia sufrió robos y extorsiones por parte de la guerrilla. Posteriormente, resistieron el asesinato de familiares, trabajadores y amigos cercanos, pero fue una incursión paramilitar en 1999 la que ocasionó el abandono definitivo del predio y de las actividades productivas que ahí se realizaban.
La masacre de Las Palmas ocurrió el 27 de septiembre cuando paramilitares del Bloque Montes de María de la AUC se tomaron el pueblo, reunieron a los habitantes en la plaza central y asesinaron a 4 campesinos reconocidos por la comunidad. La acción violenta produjo el éxodo de más de 500 familias y dejó el corregimiento abandonado por varios años
Abandonaron la finca, los cultivos se perdieron y el ganado fue robado por extraños. Las dificultades económicas golpearon a la familia y ante la imposibilidad de retornar a la finca deciden vender la propiedad a Tierra de Promisión S.A. que, según lo indicado en el fallo, tenía intermediarios en la zona negociando terrenos a bajo precio para llevar a cabo un proyecto forestal.
Estos hechos fueron analizados por la URT y fue así como la entidad asumió la representación de esta familia y de otras víctimas de despojo y/o abandono forzado de tierras de Las Palmas, y puso en manos del Tribunal el caso.
Durante el proceso judicial, la Alianza Fiduciaria S.A., presentó oposición a la restitución, actuando como vocera y administradora del patrimonio autónomo al que la empresa Tierras de Promisión S.A. transfirió el dominio del bien inmueble para usufructuarlo.
A lo largo del litigio el opositor buscó demostrar buena fe en los negocios jurídicos por medio de los cuales adquirió el predio, sin embargo, en el fallo proferido a favor de las víctimas, el Tribunal declaró no probada la buena fe exenta de culpa y estableció que la empresa compradora constituyó usufructo en el municipio de San Jacinto sobre más de 15 predios, “lo que evidencia acumulación de tierras en una zona que sufrió fuertes embates del conflicto armado y donde se produjeron desplazamientos masivos, como quedó demostrado con la masacre de Las Palmas, situación que debió tener en cuenta la fiducia”.
El operador judicial también señaló la existencia de una anotación en el folio de matrícula inmobiliaria del predio que indica una medida cautelar de prevención inscrita por el Comité de Población Desplazada de San Jacinto. Este hecho requería que la Fiduciaria verificara las circunstancias que rodearon la venta por parte de los anteriores propietarios para que ésta no estuviera motivada por las dinámicas del conflicto armado.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar y Sucre, Mauricio Martínez Rivillas, celebró el pronunciamiento judicial en beneficio de las víctimas representadas por la entidad.
“Este es un importante precedente para el proceso de restitución y nos da elementos para que los solicitantes sigan acudiendo a la Unidad a pesar de haber vendido a consecuencia del conflicto armado sus tierras y en situación de vulnerabilidad. Se demuestra que tenemos la posibilidad de reclamar y de encontrar una respuesta en la justicia para que las tierras vuelvan a sus propietarios originales” señaló.
Gracias al fallo de restitución la familia, encabezada por dos adultos mayores, recupera su patrimonio y pronto retornará a su tierra con el acompañamiento del Estado. Por su parte la Unidad de Restitución apoyará con recursos y asistencia técnica su nuevo proyecto agropecuario.