Justicia admitió demanda que busca recuperar el territorio ancestral de 15 pueblos indígenas en Caquetá y Amazonas
15 pueblos indígenas esperan recuperar 21.000 hectáreas en la zona rural conocida como La Victoria en el departamento del Amazonas y 45.000 hectáreas ubicadas en el municipio de Solano en Caquetá. La demanda, presentada por la Unidad de Restitución de Tierras, fue admitida por el Juzgado Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca.
Bogotá, 10 de febrero de 2021 (@URestitucion). El trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras logró establecer que 66.000 hectáreas ubicadas entre los departamentos de Amazonas y Caquetá es el territorio ancestral de 15 pueblos indígenas. En su investigación la entidad estableció que delitos como el reclutamiento forzado, los asesinatos selectivos y los continuos hostigamientos por parte de grupos ilegales vinculados con actividades ilícitas han diezmado sus costumbres, identidad cultural y gobierno propio.
Las pruebas se presentaron mediante demanda ante el Juez Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, quien una vez valoradas admitió el documento para iniciar su verificación y establecer si las pretensiones allí consignadas proceden para reconocer los derechos territoriales a estos pueblos ancestrales.
Los 15 pueblos que buscan recuperar su territorio ancestral son: Kawiyarí, Bará, Barasano, Carapana, Cubeo, Desano, Piratapuyo, Siriano, Taiwano, Tatuyo, Ticuna, Tucano, Tuyuca, Wanano y Yurutí, comunidades indígenas asentadas en inmediaciones de la selva amazónica.
Para, Rossvan Blanco Castelblanco, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para Bogotá y Amazonas la admisión de la demanda es un resultado relevante en el proceso de restablecimiento de derechos territoriales de las comunidades étnicas. “Con el trabajo realizado demostramos que estamos llegando a todos los rincones del país y aunando los esfuerzos para resarcir las afectaciones que durante años vivieron estas comunidades a causa de la violencia generada por grupos que desarrollaron actividades ilícitas”.
En la demanda se contemplan una serie de pretensiones entre las que se destaca la vinculación de 30 entidades del sector público, con el fin de garantizar una reparación y protección integral a estos pueblos que luchan por sobrevivir.