En 2023 la URT ejecutó 410 mil 218 millones de pesos para atender a las víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras. El trabajo liderado llevó a la Entidad a ocupar el primer lugar en ejecución presupuestal de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así lo destaca el director general de la URT, Giovani Yule, al enfatizar que los cambios generaron resultados positivos y se ven reflejados en las comunidades y territorios.
Bogotá D.C., 18 de enero de 2024 (@URestitucion). Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), hizo un balance de su gestión en 2023 y explicó las medidas que adoptó para llevar a la entidad al primer lugar en gestión entre las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Una labor que aporta a la Reforma Agraria y la construcción de la paz en los territorios.
Entre los cambios más destacados están:
- Se revirtió la tendencia del 65% de decisiones negativas a nivel histórico y pasó al 68% de solicitudes positivas inscritas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Con la medida se recupera el objetivo de la Ley 1448 de 2011 y es ubicar en el centro del proceso de reparación a las víctimas de abandono forzado y/o despojo de tierras.
- En 2023 se solicitó ante los jueces y magistrados un total de 5 millones 030 mil 990 hectáreas. Esta cifra representa el 49% del total de las hectáreas solicitadas en los 12 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que asciende a 10 millones 145 mil 152 hectáreas.
A la fecha y por decisión de la justicia, se han restituido 624 mil 261 hectáreas de las cuales 60 mil 236 corresponden a fallos proferidos en el Gobierno del Cambio. El total de tierras entregadas corresponde a 320 mil 796 hectáreas. En 2023 la URT entregó 17 mil 880 hectáreas.
- En 2023 se aumentó el recurso de inversión para el cumplimiento de las órdenes impartidas en fallos de restitución a cargo de la Entidad en un 62%. Es decir, pasamos de 82 mil 823 millones de pesos invertidos 2022, a 218 mil 835 millones de pesos en el 2023.
- Se invirtieron 69 mil 600 millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos que beneficiaron a 12 mil 550 familias de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
- En trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura se crearon 6 despachos judiciales más de restitución de tierras, 5 de ellos son despachos especializados para atender la ruta étnica.
Otros resultados:
- Se incluyeron dos artículos en el Plan Nacional de Desarrollo: “Colombia potencia de la vida”, con los que se reformó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y son: restitución de baldíos inadjudicables y la atención a segundos ocupantes.
- Se implementó el enfoque de seguridad humana y agilizó la respuesta a solicitudes de personas mayores en situación de discapacidad en zonas no microfocalizadas.
- Se instalaron: la Mesa Campesina y Mesa Permanente de Género con el fin de fortalecer el proceso de restitución con el respaldo de las comunidades en los territorios.
- Se construyó el Plan Estratégico Institucional con la participación de las comunidades.
- Se abrió oficina en Tumaco para acercar la oferta institucional a territorios afectados por el despojo y abandono forzado de tierras.
- La URT llegó a zonas que no habían sido priorizadas por razones de seguridad. Se iniciaron labores en el sur de Córdoba en la vereda La Danta. En las jurisdicciones de Nóvita, Sipí, Bojayá, Bagadó, Medio Atrato y San José del Palmar en el departamento del Chocó. En Cañasgordas, Dabeiba, Amalfí, Remedios y Segovia en Antioquia y en Calamar y El Retorno en Guaviare.
Además, se levantaron las suspensiones del proceso en las regiones del Catatumbo en Norte de Santander y en los municipios de Pore, Hato Corozal y Paz de Ariporo en el Casanare.
Los retos en 2024
Aumentar en 192 mil millones de pesos los recursos para cumplir con las órdenes impartidas en sentencia.
Impulsar el proyecto de ley 280 que busca otorgar funciones jurisdiccionales a la URT.
Implementar el Decreto 1623 de 2024, el cual permitirá llegar a los territorios bajo el componente de seguridad humana y avanzar en la atención de personas mayores y en situación de discapacidad, en zonas no microfocalizadas.