El objetivo es restablecer los derechos territoriales de las comunidades indígenas configuradas poblacionalmente por 15 pueblos amazónicos: Cubeo, Tucano, Desano, Tuyuca, Tatuyo, Wanano, Carapano, Piratapuyo, Tariano, Makuna, Siriano, Makú, Jiw, Yurutí y Bará.

Villavicencio, 31 de mayo de 2019 (@URestitucion). Ante los jueces especializados en restitución de tierras del Meta, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, acompañado de la responsable de la Dirección de Asuntos Étnicos de la entidad, Sally Mahecha; del director territorial de la Unidad en Bogotá, Rossvan Blanco; y del gobernador indígena, Adriano Rodríguez Rodríguez, presentó una demanda étnica con la que se busca restituir los derechos territoriales en favor de las 15 pueblos indígenas que hacen parte del resguardo Arará, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú, ubicado en los municipios de Carurú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare).

El resguardo abarca un área de aproximadamente 264.800 hectáreas de tierra, así como los territorios solicitados en ampliación que ocupan 242.100 hectáreas. Las afectaciones territoriales identificadas por la Unidad durante la etapa de caracterización motivan la presentación de la demanda. El objetivo es lograr que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y hacer goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias.

Algunas de las afectaciones de la violencia en la zona tuvieron un impacto sociocultural en las comunidades indígenas. La proliferación de cultivos ilícitos, los procesos conexos a estas actividades de narcotráfico, la minería ilícita, la siembra de minas antipersona y los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales para controlar el territorio generaron consecuencias ambientales, a la autonomía y al gobierno propio, así como violaciones a los derechos humanos.

“La presentación de esta demanda representa un caso emblemático que conduce a la reparación histórica de comunidades indígenas del suroriente del país”, afirmó el director Castro.

El resguardo se encuentra ubicado en una zona de especial protección ambiental y étnica como lo es la amazonia. La demanda es realizada como resultado de una caracterización que adelantó la Unidad, en convenio con la FAO y en respuesta a una solicitud de inscripción en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, realizada por las autoridades indígenas del Resguardo.

Con la demanda también se busca que la implementación de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la implementación de actividades de acción integral contra minas antipersona; la realización sostenible de brigadas de atención en salud; la garantía de derecho a la consulta previa, recuperación de sus prácticas culturales y el fortalecimiento del gobierno propio; la ampliación del resguardo; y la documentación de los hechos victimizantes sucedidos por las acciones de grupos delincuenciales, entre otras pretensiones.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas