La URT presentó a la Corte Constitucional los resultados alcanzados para superar el estado de cosas inconstitucional del componente de restitución de tierras y protección de predios
Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), atendió el llamado de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T - 025 de 2024 y dio a conocer las medidas adoptadas para corregir las fallas estructurales identificadas por el máximo tribunal constitucional en el proceso de atención y reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado.
Bogotá D.C., 19 de marzo de 2023 (@URestitucion). “Hemos liderado todas las acciones posibles para disminuir tiempos y cumplirle a las víctimas. La guerra sigue en los territorios y tenemos que encontrar el camino a la armonización con nuestra madre tierra”, enfatizó Giovani Yule, director general de la URT, al cierre de la sesión técnica sobre los componentes de verdad, justicia y reparación integral a la que fue citado por la Corte Constitucional.
Entre los puntos destacados está la reforma a la Ley 1448 de 2011, que se adelantó desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencial Mundial de la Vida”, en la que se logró compensación para baldíos inadjudicables y el reconocimiento a segundos ocupantes en procesos de restitución.
Otro de los temas que resaltaron son las acciones adelantadas en materia de seguridad, a través del Decreto 1623 de 2023, en el que se implementó el enfoque de seguridad humana a través de una lectura más amplia del contexto, para poder entrar a territorios donde no se había podido ingresar y responder por ende a más solicitudes. Para lograrlo se modificaron siete modelos de acompañamiento y seguridad que facilitan la identificación y mitigación de los riesgos.
Además, en los casos en los que no es posible considerar el inicio de trabajos por parte de la URT, en el corto plazo, se crea una regla excepcional para responder mediante compensaciones en tres casos especiales: personas mayores, personas en condición de discapacidad y mujeres en situación de vulnerabilidad.
Con respecto a los cambios en los lineamientos que buscan revertir el enfoque de negación en la inscripción de los predios y territorios solicitados en restitución, las medidas que se adoptaron son: (i) la legitimación en casos de ocupación o explotación de baldíos; (ii) se abrió la inscripción de predios y territorios con presencia de cultivos de uso ilícito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF); (iii) se adelantaron cambios a la figura de desistimiento tácito y (iv) se eliminó el equipo de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y de Infraestructura. Se destaca que, con las medidas adoptadas, la URT pasó a un índice de aprobación del 70% de las solicitudes de inscripción al RTDAF.
Se creó un espacio para la revisión de decisiones negativas y se implementó para ella un enfoque preventivo en el cual se evalúan aleatoriamente 32 actos administrativos al mes con el fin de verificar la calidad de las decisiones adoptadas. Este proceso se concentró en 2023 en las direcciones territoriales de Bolívar – Sucre y Caquetá. En 2024, las acciones en este sentido se enfocarán en el corredor minero del departamento del Cesar y en las medidas adoptadas por la Dirección Territorial Bogotá, la cual tiene incidencia en cinco departamentos.
Otro avance mencionado son los esfuerzos para fortalecer la presencia de la justicia en los territorios, con la creación de dos juzgados permanentes especializados en restitución de tierras en los circuitos de Mocoa e Ibagué. En diciembre de 2023, se crearon los circuitos de Apartadó, Mocoa, Neiva, Popayán y Quibdó, enfocados, por primera vez en el país, en la respuesta a requerimientos étnicos.
Se adelantaron actividades académicas con el objeto de actualizar a los servidores judiciales en temáticas transversales y propias de las distintas jurisdicciones y especialidades, como el tema ambiental. Se desarrollaron también programas de formación para fortalecer las competencias en asuntos procesales y sustanciales propios de la especialidad.
Con el fin de fortalecer el componente de articulación interinstitucional se firmaron convenios con el IGAC, ANT, SNR, SAE, ADR, JEP y UBPD.
Es importante señalar que, en este espacio, la representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Mireille Girard, destacó que, a través de la Resolución Número 949 de 2023 del Archivo General de la Nación se declaró como bien de interés cultural de carácter documental archivístico el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada.
Además, se dieron a conocer las acciones para contrarrestar las fallas estructurales más críticas que enfrenta la política de restitución de tierras:
Instancia judicial
- Se enfatiza en la necesidad de generar un plan de descongestión judicial.
- Aumento del presupuesto para reparar a las víctimas
Segundos ocupantes
- Modificación de acuerdos y procedimientos de la Unidad.
- Establecimiento de una ruta de atención conjunta con otras entidades.
Medidas de protección materializadas para baldíos
- ANT y URT deben implementar una ruta de comunicación y atención conjunta de estos casos.