Unidad de Restitución de Tierras escucha a la comunidad de El Carmen de Chucurí y asume compromisos para que personas que se encuentran en predios solicitados conozcan sus derechos
Luego del diálogo social realizado hoy en El Carmen de Chucurí, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, explicó que más del 70% de las solicitudes hechas en este municipio no prosperaron, por lo que dio un parte de tranquilidad a las comunidades y recalcó que este proceso es de acción sin daño.
Junto con la Procuraduría se realizarán mesas de trabajo para hacer pedagogía del proceso, que permitan a las personas que se encuentran en predios solicitados en restitución conocer sus derechos, relacionados con participación, defensa y debido proceso.
El Carmen de Chucurí, Santander, 18 de febrero de 2021 (@URestitucion). Honrando su compromiso con la comunidad de El Carmen de Chucurí en Santander, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras y el alcalde, Diego Plata, escucharon las problemáticas y necesidades de los segundos ocupantes que no han sido reconocidos en las sentencias de restitución y plantearon soluciones que conlleven a la reconstrucción del tejido social.
El director explicó la naturaleza mixta del proceso de restitución de tierras que tiene una etapa administrativa, a cargo de la Unidad, donde se recogen todas las pruebas que permiten o no la inscripción en el registro de tierras despojadas, y otra judicial donde se lleva la solicitud de restitución de tierras ante los jueces o magistrados especializados en restitución y son estos quienes toman la decisión de restituir o no los predios.
En el Carmen de Chucurí hay 344 casos de restitución de tierras, sin embargo, 257 no quedaron inscritos en el Registro de Tierras, lo que significa que en más del 70% de los casos, la restitución no prosperó. A estas personas se les hará una notificación oficial para que tengan la tranquilidad de que su predio no fue inscrito.
Existen 35 solicitudes en etapa administrativa y 28 sentencias que responden a seis solicitudes. Uno de los compromisos con la comunidad es que en articulación con la Alcaldía y Procuraduría se revisaran los casos admitidos y los contextos familiares para buscar la posibilidad de ampliar los hechos que permitan definir una ruta en la defensa bajo el alcance de la política de restitución y la intervención en los municipios para darle a conocer a las personas sobre las alternativas y derechos que tienen.
“La restitución de tierras no genera nuevas víctimas, ese no es el fin de la Unidad, la restitución es una medida de reparación integral”, declaró el director Castro, quien durante la jornada escuchó y revisó con su equipo Social, cada uno de los casos de quienes se han visto afectados con el proceso.
Además, explicó que, durante la etapa judicial, habrán nuevos instrumentos de caracterización para ampliar los hechos y en los casos en los que se evidencie que hace falta el análisis de contexto, se puedan incluir testimonios de terceros. Afirmó que junto a la Procuraduría se afianzará la articulación para la atención de estas necesidades.
Por su parte, la Procuradora Delegada para Asuntos de Restitución de Tierras, Gloria Inés Serrano, explicó que el tema de los segundos ocupantes es un fenómeno social que la entidad tiene como prioridad en la agenda. “Es una problemática que nos genera alta sensibilidad por lo que comenzaremos una línea de trabajo específica de acción sin daño, enmarcado en la Constitución y la Ley para que los procesos ofrezcan y den los frutos para los cuales fueron diseñados”, expresó.
Pedagogía del proceso de restitución de tierras
La Corte Constitucional a través de la Sentencia C330 de 2016 reconoció a los segundos ocupantes y desde entonces, con esa decisión, los jueces han ordenado medidas de protección y reparación igualitaria tanto para solicitantes como para segundos ocupantes.
Los segundos ocupantes son personas naturales en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que tienen una relación material o jurídica de propiedad, posesión u ocupación, con un predio objeto de restitución en el que habita o del cual deriva sus medios de subsistencia. Solamente un juez o magistrado reconoce esta condición y es el encargado de verificar la ausencia de nexos directos o indirectos con los hechos que dieron lugar al despojo o abandono como elemento esencial.