Unidad de Restitución de Tierras resolvió más de 1.100 solicitudes de víctimas en el Pacífico Nariñense
La Unidad de Restitución de Tierras participó en sesión institucional de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde socializó el Plan de Trabajo 2021 y los logros alcanzados en esta subregión de Pacífico y Frontera Nariñense.
Barbacoas, Nariño 16 de marzo de 2021 (@URestitucion). La Unidad de Restitución de Tierras participó en la sesión institucional PDET del Pacífico Nariñense, liderada por la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y en donde el Gobierno Nacional tienen previstas inversiones por $98.000 millones para ejecutar 89 proyectos.
En esta jornada, la directora territorial para Nariño, Catalina Delgado, entregó un balance de los resultados obtenidos en los 12 municipios que componen el Pacífico Nariñense: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco, que fueron priorizados gracias a la estrategia PDET.
Hasta la fecha se han recibido para esta subregión 2.399 solicitudes de restitución de tierras, de las cuales 1.188 ya cuentan con decisión de fondo, es decir cuando la entidad hace un pronunciamiento sobre los casos que avanzan en su etapa administrativa y cuentan con las condiciones para ser inscritas en el Registro de Tierras.
Por otra parte, la directora Territorial también presentó el plan de trabajo 2021 para las comunidades étnicas asentadas en esta región del país, entre ellas el Resguardo Indígena Inga de Aponte del pueblo Awá y el Consejo comunitario Alto Mira y Frontera, con quienes ya se ha logrado avanzar, presentando medidas cautelares que buscan restituir derechos territoriales de 6.125 familias y 245.356 hectáreas.
La Unidad de Restitución de Tierras está comprometida en avanzar con los trámites de las solicitudes de restitución de predios y territorios étnicos ubicados en esta subregión Pacífica y Frontera Nariñense. Además, la entidad continúa trabajando de la mano de la Fuerza Pública para garantizar un retorno seguro y la reparación integral de quienes sufrieron despojo y abandono forzado de tierras.