Se trata de una mujer que, luego de adquirir un predio en la vereda San Miguel, de Sonsón, oriente antioqueño, en 1984, fue obligada a transferirlo a una empresa inversionista en 1993 por hombres al mando de Ramón Isaza.
Medellín, 31 de agosto de 2023. La política de restitución de tierras hizo posible que María Emilia Jaramillo cerrara un ciclo de 30 años de angustias y suplicios luego que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia ordenara restituirle la finca Lejanías, de 364 hectáreas de extensión, ubicada en la vereda San Miguel de Sonsón, oriente de Antioquia, que le fue despojada por integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio que comandaba el exjefe paramilitar Ramón Isaza.
La diligencia de entrega material se llevó a cabo este 31 de agosto por parte de abogados de la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Antioquia, quienes contarán con el acompañamiento del Inspector de Policía de Sonsón.
La decisión del Juzgado Primero resuelve uno de los varios casos documentados por la URT en Antioquia que responden a un patrón sistemático de despojo llevado a cabo por los grupos paramilitares comandados por Ramón Isaza. En el caso de María Emilia, su tragedia comenzó el 13 de octubre de 1993. Ese día, un representante de la empresa llamada Inversiones El Triunfo arribó a su finca en compañía de Ramón Isaza y varios de sus guardaespaldas, quienes, según declaraciones de la reclamante, se encontraban armados.
Los hombres le ordenaron a María Emilia que subiera a uno de los vehículos en que se movilizaban. De allí emprendieron un viaje que tuvo como destino final la Notaría Única de La Dorada, en Caldas. Según declaró en su momento ante la jueza Primero, “cuando llegamos a la Notaría de La Dorada, a mí no me dejaron entrar, dijeron que me tenía que quedar en el carro”.
Quienes sí ingresaron al despacho notarial fueron el representante de Inversiones El Triunfo y Ramón Isaza, “y después bajó el notario, quién sabe si comprado por ellos, y me mostraron la escritura, ni me la dejaron leer y firmé ¡esa es la parte más aterradora! (…) ¡sola, manejada por esos bandidos! ¿Y yo que podía hacer? Nada, me hicieron firmar, el notario bajó y me hicieron firmar”, tal como lo afirmó la solicitante en estrados.
El representante de la empresa le prometió a María Emilia un pago de 500 millones de pesos, pero, en cambio, recibió un apartamento de 58 metros cuadrados ubicado en Bogotá, avaluado en 20 millones de pesos, y varias llamadas amenazantes que la mantuvieron silenciada por poco más de dos décadas. Por cuenta de este suceso, su estado de salud y su condición económica comenzaron a deteriorarse paulatinamente.
Pero en 2020 decidió romper su silencio. En enero de ese año acudió a las instalaciones de la URT en la ciudad de Medellín. Allí, luego de recibir asesoría por parte de los funcionarios de la entidad, decidió llevar su caso ante los jueces de tierra. Finalmente, el 19 de octubre de 2021, el Juzgado Primero no solo amparó el derecho a la restitución de María Emilia, sino que, además, decretó una seria de medidas complementarias como la entrega de un proyecto productivo, atención psicosocial, condonación de deudas derivadas por el no pago de impuesto predial, entre otras, a fin de garantizarle una efectiva reparación integral.