En Morroa, Sucre, los casos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas ya se encuentran en manos de la justicia
Los solicitantes, representados por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), fueron víctimas de extorsiones, asesinatos y otras violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Farc-EP, por medio de los frentes 35 y 37. Este grupo armado convirtió a los Montes de María, específicamente la zona rural de Morroa, en corredor de sus acciones criminales.
Sincelejo, 22 de diciembre de 2015 (@URestitucion). Con 7 demandas interpuestas antes del inicio de la vacancia judicial, las cuales solicitan proteger el derecho a la restitución a 22 familias campesinas; la Unidad de Restitución de Tierras en Sucre acaba el año 2015 llevando a conocimiento de los jueces especializados la totalidad de los casos inscritos en el Registro de Tierras Despojadas sobre el municipio de Morroa.
Con las últimas acciones judiciales, la Unidad de Restitución de Tierras le cumple a los campesinos víctimas de este municipio montemariano, definiendo su calidad de víctima de despojo y desplazamiento forzado y representándolos ante la justicia para que les sea reconocido los derechos a la propiedad de sus tierras y a las medidas de reparación integral que les otorga la Ley 1448 de 2011.
Con un trabajo decidido en el territorio, la URT ha llevando de la mano a la comunidad víctima de Morroa hacia el restablecimiento de sus derechos. Esta labor ha permitido que la restitución sea una realidad para 82 familias montemarianas, quienes, hasta la fecha, avanzan en la productividad de sus tierras.
Las demandas presentadas al cierre de actividades de la Rama Judicial, reclaman alrededor de 800 hectáreas, beneficiando a 22 parceleros de predios ubicados en los corregimientos: Sabaneta, Pichilín, Tumbatoro y El Yeso. Las acciones judiciales fueron interpuestas por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes tienen a su cargo otros 5 casos para demanda, que se interpondrán al inicio de las labores por parte de los jueces especializados.
Víctimas de las Farc-EP
Las solicitudes de restitución de tierras llevadas a la justicia por la URT y la CCJ comparten una historia de violencia que tuvo como principal actor a la guerrilla de las Farc-EP. Morroa representó una zona estratégica para los actores armados ilegales, pues su área rural es un corredor que comunica con los municipios de Coloso y Chalán, y da acceso directo al municipio de Carmen de Bolívar. Esto permite atravesar y controlar toda la región de los Montes de María sin que se pierde la conexión con Sincelejo y su área rural.
Entre los años 1988 y principios de los 90, la guerrilla intentó reclutar a los jóvenes bajo la directriz de que todo hombre o mujer mayor de 15 años debía ser parte de las Farc-EP. Se generaron incentivos a los jóvenes para pertenecer a las filas de este grupo ilegal, lo que originó los primeros desplazamientos forzados en la zona rural.
Según relatos de los solicitantes, esta guerrilla empezó a transitar la zona a finales de los 80 e iniciaron los actos de victimización a la población, exigiendo vacunas a los finqueros. Con el tiempo, identificándose como miembros de los frentes 35 y 37, los insurgentes intimidaron a los habitantes de los predios afectando la libre explotación y disfrute de las tierras. A partir del 92, las extorsiones e intimidaciones de la guerrilla acabaron con el asesinato de varios parceleros. Además, se hicieron frecuentes los enfrentamientos entre el Ejército y esta organización, dejando en medio del fuego cruzado a la población civil.
La violencia se incrementó desde 1996 a partir del cual el conflicto armado, los asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados y los secuestros comenzaron a aumentar. La situación de violencia obligó a los parceleros a abandonar sus tierras y único medio de sustento, para refugiarse en las cabeceras municipales de Morroa y Corozal.
Fecha: martes 22 de diciembre 2015
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas