La comunidad del Consejo Comunitario de Puerto Echeverry avanza en el proceso para que la justicia reconozca los derechos territoriales que tiene sobre 4.347 hectárea y 2.055 metros cuadrados, y que se ubican en zona rural de las jurisdicciones de Alto Baudó y Bajo Baudó sobre la cuenca del río Dubaza en el Chocó.
Quibdó, 18 de marzo de 2022 (@URestitucion). Con mucha esperanza recibieron las 120 familias que integran el Consejo Comunitario de Puerto Echeverri, la admisión de la demanda por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.
Con el avance del proceso, esta comunidad negra del Chocó busca que se le reconozcan los derechos territoriales y se les impartan medidas de reparación integral para superar las consecuencias que les ha dejado la violencia.
La admisión de la demanda confirma que las pruebas recaudadas por la Unidad de Restitución de Tierras demuestran como esta comunidad se ha visto sometida al abandono forzado de su territorio, el confinamiento, el despojo, la pérdida de su riqueza natural y su gobierno propio. Además, se hace evidente y necesario impartir medidas de reparación integral, que van desde el reconocimiento de los derechos sobre sus tierras hasta la implementación de acciones que transformen sus vidas.
Con el proceso adelantado se abre la puerta para que instituciones del Estado lleguen de manera integral y con acciones de atención, acordes con las necesidades y tradiciones culturales de esta comunidad. En este sentido, Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, sostiene que: “el proceso de concertación con las comunidades es definitivo para lograr que los casos que se presentan ante la justicia respondan a sus expectativas”.
Es así como en las pretensiones presentadas en la demanda se vinculan a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia (SNARIV). El propósito, buscar que desde su competencia las entidades puedan responder a las necesidades de la comunidad.
Lo anterior quiere decir que las comunidades deben ser atendidas para superar los duelos por el homicidio de varios de sus integrantes, la violencia sexual perpetrada contra las mujeres, el secuestro y el hurto de sus bienes.
También se busca que puedan, con el respaldo del Estado, restablecer su gobierno propio y recuperar el territorio afectado por la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, así como emprender labores que los lleven a garantizar su seguridad alimentaria, para así superar las brechas que la desigualdad generada por la violencia.