Por solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras la justicia decreta medida cautelar a favor de la Comunidad Misak del Resguardo Indígena ‘El Águila’ en Caquetá
En el marco del proceso de restitución de tierras que se adelanta en la Dirección Territorial de Caquetá para las 18 familias sobrevivientes de la Comunidad Misak del Resguardo Indígena ‘El Águila’, se impartieron medidas de atención perentorias a su favor.
Florencia, 01 de diciembre de 2020 (@URestitucion). Con la sanción de la medida cautelar del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué se avanza en la protección de los derechos de esta comunidad afectada por la violencia de grupos ilegales.
De esta manera, las entidades del Estado deberán avanzar en el proceso de reparación y atención a las 18 familias que integran la Comunidad Misak, del Reguardo Indígena ‘El Águila’ ubicado en zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá. Mientras se avanza en el proceso, la justicia adelanta el estudio de la demanda que presentó la Unidad de Restitución de Tierras que tiene como prioridad restablecer los derechos territoriales ancestrales de esta comunidad.
Las órdenes que fueron impartidas mediante Auto Interlocutorio 533 establecen que la Unidad de Víctimas en articulación con la Gobernación del Caquetá, la alcaldía de Belén de los Andaquíes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deben definir e implementar la entrega de asistencia, atención y ayuda humanitaria a la comunidad indígena. Sumado a ello, tendrán que trabajar de manera concertada con la comunidad en un plan de reubicación, para que la población pueda contar con oportunidades para garantizar su supervivencia mientras pueden retornar a su territorio.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección (UNP) a través del Comité de Riesgos y Recomendaciones de Medidas deberán priorizar el estudio de las condiciones de seguridad, vida e integridad de la Comunidad Misak del Resguardo Indígena ‘El Águila’ y de ser necesario adoptar medidas de protección para sus líderes y miembros, principalmente para cuatro personas que recibieron amenazas de muerte.
En el documento también se ordena a la Defensoría del Pueblo – Regional Caquetá y a la Procuraduría General de la Nación para que en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales procedan a programar de manera inmediata jornadas de toma de declaración colectiva de la comunidad e igualmente realicen el seguimiento y vigilancia que les compete, respecto al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas.
Además, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Caquetá y la Secretaría de Salud del municipio de Belén de los Andaquíes deberán vincular a la brevedad a los integrantes de las comunidades al régimen subsidiado de salud con el fin de obtener los servicios oportunos.
También se imparten medidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que informen en qué estado se encuentra la ampliación del Resguardo Indígena El Águila.
Finalmente, se solicita la Fiscalía General de la Nación que entregue al despacho del juzgado los resultados de la investigación de muerte y amenazas contra los miembros de esta comunidad y si dentro de las mismas ya existe individualización, captura y judicialización de los responsables.
Para Fernando Cuellar, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Caquetá, las disposiciones establecidas son un positivo resultado de la gestión que está liderando la entidad para esta zona del país. “Que la justicia decrete una medida cautelar por solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras es un importante avance para el proceso porque eso nos garantizar que la comunidad contará con medidas de atención, mientras se surte el proceso de restablecimiento de derechos territoriales. Es una oportunidad para la entidad y para las comunidades étnicas con las que estamos trabajando pues logramos que se mitiguen las dificultades que se han generado por la violencia y la falta de presencia del Estado en estas regiones apartadas del país”, dijo.
En conclusión, todas las entidades vinculadas en el pronunciamiento deberán comunicar el resultado de sus actuaciones al despacho con el fin de establecer el cumplimiento de las disposiciones.